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EL UNIVERSO, referente global en defensa de la libre expresión

EL UNIVERSO, referente global en defensa de la libre expresión
septiembre 16
15:43 2012
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Informe: Aniversario.- La fiesta fue en la calle. Fue, cordón policial de por medio, sobre los adoquines instalados en Pedro Moncayo y 9 de Octubre. Fue hace 365 días. Fue afuera de una sala de audiencias. Afuera de la Corte de Justicia de Guayaquil.

EL UNIVERSO cumplía 90 años de vida y ese mismo día ¬16 de septiembre, como hoy¬ recibía un ‘regalo’: la celebración, durante casi doce horas, de la audiencia que, cuatro días después, el 20 de septiembre, confirmó ¬en segunda instancia¬ la sentencia de Juan Paredes.

El entonces juez temporal, ahora titular, había ordenado ¬dos meses antes, el 20 de julio del 2011¬ tres años de prisión para tres directivos de este Diario y su exeditor de Opinión, a más del pago de $ 40 millones al presidente Rafael Correa.

La cita se convocó para el 4 de octubre, pero se supo que el Consejo de la Judicatura Transitorio empujó para que se anticipara al día del aniversario.

El periódico circuló con normalidad, pese a los embates, como lo ha hecho durante sus nueve décadas de fiscalización al poder. Este Diario ¬que, en 1944, Joaquín Gallegos Lara describió como “sobriamente noticioso y agresivamente opinante y democrático”¬ ya había soportado antes la embestida del poder. Ese que, en su conflictiva relación con la prensa crítica, ha intentado silenciar a los medios.

La primera vez fue el 10 de junio de 1937. Al día siguiente, casi 16 años después de su fundación, este Diario ya no circuló. Fue durante la dictadura de Federico Páez, encargado del Mando Supremo. Él había ordenado el cierre por la publicación de la caricatura titulada ‘La cena’, en la que aparecía rodeado de militares en un banquete.

Este medio también había publicado algunos extractos del libro Conciencia o barbarie, de José María Velasco Ibarra, que “afectaban moralmente a Páez”. Además, por esos días, el periódico denunció beneficios personales del ministro de Hacienda, Alberto Whither Navarro.

La guardia detuvo durante dos días a Ismael y Sucre Pérez Castro, gerente y vicedirector. Ismael Pérez Pazmiño, director fundador de este rotativo, se encontraba fuera de la ciudad.

Para la reapertura, trece días después del cierre, se impuso una “fórmula de acuerdo” de tres puntos: un depósito de 100 mil sucres, a la orden del Gobierno, para que este pudiera girar contra ellos, en el caso de que el periódico “cometiese algún desacato”, el cambio del director y la publicación de un “artículo de desagravio”, texto que fue enviado por el propio régimen.

El monto representaba, en aquella época, aproximadamente la mitad del valor del periódico. En cambio, lo solicitado por Correa ¬$ 80 millones¬ equivalía a más del doble del valor patrimonial del medio, estimado en unos $ 35 millones.

De la caricatura a las noticias. En 1966, 29 años después de la primera clausura, la Junta Militar sometió a este Diario a un nuevo cierre obligado, aunque la medida duró solo unas horas.

EL UNIVERSO recogía en sus páginas los hechos que se estaban registrando en Guayaquil, el foco de protestas y enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública ante el rechazo a la dictadura encabezada por Ramón Castro Jijón, capitán de navío.

En la madrugada, cuando la rotativa empezaba a entregar los primeros ejemplares, aparecieron oficiales armados con la intención de ‘examinar’ la edición. Impidieron temporalmente el ingreso de los trabajadores; luego se retomaron las labores.

De las noticias a la opinión. El artículo titulado ‘No a las mentiras’, escrito por Emilio Palacio, columnista y exeditor de Opinión de EL UNIVERSO, llevó a Correa a demandar como ciudadano, pero litigar como presidente: con la compañía permanente de ministros en los juzgados, con ‘barras’ y simpatizantes del Gobierno con libre acceso a las audiencias, con críticas o indicaciones públicas sobre el proceso, con espacios financiados con recursos estatales ¬como cadenas o enlaces¬ para hablar sobre una denuncia particular…

La reacción internacional ha sido contundente y los formatos, variados: editoriales, artículos, reportajes, llamados, cartas abiertas, comunicados, boletines, alertas… Se alzaron las voces de organismos intergubernamentales, de gremios internacionales que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos, de líderes, de activistas, de escritores, de medios…

El 21 de septiembre, un día después de hacerse pública la ratificación de la sentencia, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su “profunda preocupación”.

La Relatoría señaló, a través de un comunicado oficial, que el fallo genera “un evidente efecto intimidatorio respecto de quienes pretendan circular ideas o informaciones que puedan ofender a las autoridades, lo cual resulta incompatible con los estándares regionales en materia de libertad de expresión. La autocensura que surge como efecto de este tipo de decisiones no solo afecta a los periodistas y a las propias autoridades, sino a toda la sociedad ecuatoriana”.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París (Francia), calificó a la sentencia de segunda instancia como “un grave precedente jurídico”. Advirtió, en un comunicado difundido el 21 de septiembre, que el monto de la indemnización era “exorbitante” y que “la aplicación de las penas confirmadas pone en riesgo un futuro consenso sobre el proyecto de Ley de Comunicación”.

Los principales medios del mundo ¬en países como España, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y más¬ también han cuestionado la sentencia.

The Washington Post, en un editorial publicado el 11 de enero, señaló que se trataba del “más extenso y despiadado asalto a la prensa libre en marcha en el hemisferio occidental”.

The New York Times, en cambio, pidió a los líderes democráticos del hemisferio que se pronunciaran e hicieran retroceder la postura de Correa. El influyente periódico publicó el 24 de enero un editorial titulado ‘Asalto a la democracia’. “El presidente de Ecuador, Rafael Correa, lidera una implacable campaña contra la libre expresión, acosando a sus críticos, presionando a las emisoras independientes a salir del aire y secuestrando a las cortes nacionales en su deseo de llevar a la bancarrota al periódico más grande del país”, escribió este medio semanas antes de la ratificación del fallo en la audiencia de última instancia, el 15 de febrero.

Pasada la medianoche, el 16 de febrero, tras una sesión de más de 13 horas, la 1ª Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó la casación del juicio, por lo que se ratificó la sentencia. Once días después, el 27 de febrero, Correa anunció la remisión de la condena en una ceremonia realizada en el Palacio de Carondelet, a la que invitó a los representantes de los estados con misiones diplomáticas en el país y a la prensa extranjera.

El caso había cruzado las fronteras. También la preocupación por la libertad de expresión en Ecuador y la región. César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), dice que cuando el mandatario anunció la remisión ¬que solo suspende la ejecución de la pena, no anula la sentencia¬ se pensó que bajaría la confrontación con los medios.

“Pero, en realidad, lo que hemos visto es una mayor agresividad de parte de las más altas autoridades del Estado en contra de periodistas y medios. Es en este periodo cuando, por ejemplo, se cierran veinte medios, se incautan equipos, se ordena que los ministros no vayan a los medios privados y se ordena quitar la publicidad oficial de los medios privados”, indica Ricaurte, quien por ello opina que “la política de constante hostilidad” se ha ido incrementando.

El abogado Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), también cree que el estado de la libertad de expresión ha empeorado en el último año.

A más de las políticas públicas ¬como restricciones en el otorgamiento de entrevistas o publicidad¬, lo dice por la expedición de leyes y proyectos “con el propósito de restringir” este derecho. Afirma que el Código de la Democracia, vigente desde enero pasado, es un ejemplo de ello porque limita el trabajo de la prensa en época electoral.

Guarderas, como abogado de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), lleva adelante una demanda de inconstitucionalidad por la prohibición de publicar reportajes u otras formas de mensaje que tiendan a incidir a favor o en contra de un determinado postulante. “Hay artículos amplios e imprecisos que generan censura previa”, dice.

Guarderas refiere que, en el último año, también se han emprendido otras iniciativas ¬ninguna vigente¬ para restringir la libre expresión, como el Código de Conducta de los Abogados, proyecto en manos del Consejo de la Judicatura Transitorio y la Fiscalía; o el Código Orgánico Integral Penal, planteado por el Ejecutivo en octubre pasado.

En el último caso, el Gobierno amplía en su propuesta los tipos de injuria y la figura del desacato (ya no solo para el presidente, sino para los funcionarios).

La Secretaría Nacional de Comunicación (Senacom) recordó ya los 91 años, el domingo pasado, con la transmisión en cadena de un video en el que se dijo que EL UNIVERSO miente. Una caricatura, una noticia o un artículo de opinión han sido usados para silenciar… Pese a eso, hoy circula la edición número uno del año 92. Los directivos y empleados siguen trabajando bajo los preceptos de su fundador, Ismael Pérez Pazmiño: “Para este periódico todo género de intereses es secundario a los intereses de la nación”.

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