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El Parlamento de Nicaragua cancela una ONG que dirige un académico opositor

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Managua.- (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló hoy la personalidad jurídica de la ONG que dirige el académico opositor Félix Maradiaga, que fue señalada por el oficialismo de “recibir dinero para la desestabilización y para blanquear”.

Con 70 votos del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), frente a 16 en contra, el Legislativo canceló este martes la personalidad jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), que dirige Maradiaga.

“Se cancela la personalidad jurídica a una ONG que, como muchísimas en el mundo, lo que hacen es recibir dinero para la desestabilización y para blanquear el dinero que reciben”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, miembro del FSLN.

La bancada del FSLN ya había advertido al Ieepp sobre acciones en su contra, tras cancelar la personalidad jurídica del Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas), fundada por la activista nicaragüense-costarricense Ana Quirós, expulsada a Costa Rica a finales de noviembre pasado.

El 5 de diciembre pasado el Gobierno de Nicaragua congeló las cuentas bancarias del organismo sin aviso previo.

En septiembre pasado el Ieepp había sufrido un allanamiento por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público, como parte de una investigación contra Maradiaga, sin que se encontraran actos ilícitos, según la ONG.

Actualmente Maradiaga vive exiliado en Estados Unidos debido a que se considera un perseguido político, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de presos y muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuentan 674 “presos políticos”, además de entre 325 y 545 muertos, así como cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, desde el estallido social de abril pasado.

El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 detenidos a los que considera “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega rechaza toda responsabilidad y se considera vencedor de un intento de “golpe de Estado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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