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El control de la fuga de gas hacia Colombia desata la furia de contrabandistas y políticos (Video)

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Quito.- (Andes).- Son las 22:00 del miércoles 20 de junio de 2012. A 20 metros del puente internacional de Rumichaca seis camiones están estacionados en un espacio improvisado pero funcional. Sin aparente afán, varios hombres transportan en sus manos canecas llenas de gasolina, las suben en el techo de un carro tipo chiva de placas colombianas. En 30 minutos, suben más 50 canecas. Una vez lleno, colocan costales de arroz alrededor y encima del combustible, cubren todo con la carpa y esperan.

Cerca de las 00:00 y en medio de un frío penetrante llegan hasta el lugar dos automóviles, uno de ellos con placas colombianas BIG-406. De estos vehículos bajan cuatro hombres que hablan con los camioneros. Nuestra posición no es muy cómoda y apenas logramos ver una suerte de intercambio. Los hombres suben a sus carros, se acercan a los miembros de la aduana ecuatoriana, conversan con ellos, les entregan una bolsa plástica y pasan la frontera.

Video Agencia Andes.

Horas más tarde, cuando son las 02:00, los camiones cargados de combustible y arroz arrancan, cruzan a lado de los aduaneros, ellos miran hacia otro lado. La carga ilegal pasa.

Esta realidad no le es ajena a la gobernadora del Carchi, María Elena Villareal, quien sabe de esta ilegalidad y trabaja en conjunto con la fuerza pública para detener a los infractores. El control por parte del gobierno ecuatoriano es permanente en el tema del contrabando de combustibles –GLP y gasolina, sobre todo-. Este control inicia hace cuatro años atrás con la emisión de tickets a través de cajeros para que las familias accedan al GLP de acuerdo al número de miembros. Antes de que inicie el control, la provincia del Carchi recibía 100.000 tanques mensuales. Con la inclusión del sistema de tickets esta cantidad se redujo a 80.000, y aún así el Estado cubre las necesidades de los ciudadanos. Actualmente, con la inclusión de la tarjeta inteligente, el director regional de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH), José Franco, aspira a reducir la demanda a 75.000 bombonas de gas.

El excedente, es decir 25.000 tanques, iba a parar a Colombia donde una bombona de gas se vende entre $20 y $25. Este es el origen del problema que vive la ciudad de Tulcán –fronteriza con Colombia- en torno al consumo de gas, según la perspectiva de la gobernadora del Carchi María Elena Villareal. Para ella, quienes salen a las calles a protestar son los contrabandistas y sus familias.

Con la funcionaria coinciden Javier Bolaños, Pablo Carrasco y Bolívar Benavides, ciudadanos tulcaneños que muestran su indignación ante las protestas. “Vaya, pregunte a qué se dedican todos los que están ahí en la calle protestando. Le van a responder que son comerciantes informales, ese es el cuento que tienen. Lo que hacen, en realidad, es contrabandear gas”, aseguran.

El supuesto malestar denunciado por los manifestantes tiene que ver con la asignación de cupos de tanques de gas a cada familia. El nuevo sistema (de tarjeta inteligente) tiene dos semanas de implementación, está en fase de solución de inconvenientes, asegura José Franco. “No tenemos ni un mes de implementada la tarjeta inteligente; en la primera semana, receptamos todos los reclamos para poder corregir los errores del sistema en concordancia con la comunidad”, comenta el funcionario.

La distribución de gas en la ciudad de Tulcán se hace de acuerdo a un estudio iniciado en 2010 y tiene por objeto determinar el tiempo en que los ciudadanos deben reabastecerse del gas, de acuerdo al número de miembros que tiene una familia. Por ejemplo, si una persona vive sola, la asignación para ella es de un tanque cada 30 días; pero, si esa misma persona tiene cocina y calefón recibe ese tanque cada 32 días. Es decir tiene dos tanques, el uno cada 30 días y el otro cada 32 días.

Uno de los beneficios que tiene la población carchense con la inclusión de la tarjeta inteligente es que ya no debe hacer filas para comprar el gas, como sucedía con los tickets. Ahora los vehículos entregan el tanque de puerta en puerta. Sin embargo, la ciudadanía identifica a quienes entregan el gas de tener parte de responsabilidad en el desvío de GLP.

“Nosotros cogemos 120 tanques diarios. De esos 100, entregamos 20 al depósito y lo demás vendemos de puerta en puerta. El precio del tanque en el depósito es de $1,6 y en los carros es de $2,50 (…) hacemos un recorrido por nuestro sector y luego podemos salir a las periferias de la ciudad”, dice Alfonso Padilla, distribuidor de GLP.

Según los ciudadanos tulcaneños, cuando los distribuidores salen a las afueras de la ciudad se presenta un problema. Después de vender unos 30 o 40 tanques, los vendedores guardan el gas y lo almacenan en casas para después pasarlos en caballos hasta Colombia.

La medida adoptada por la representante del ejecutivo en la provincia es la de incautar los caballos del sector de la ciudad que se dedicaban a este ilícito.
La reacción de los afectados no se hizo esperar. “Los contrabandistas son peligrosos. En el edificio donde funciona la ARCH hay un impacto de bala en los ventanales, producto del paso de los manifestantes. Es decir, estamos tocando intereses de gente que está armada”, dice el director regional de la ARCH.

La frontera entre Ecuador y Colombia tiene dos pasos legales, Rumichaca y Tufiño, y 23 pasos ilegales. “Todos los días, las autoridades confiscan una gran cantidad de combustible. Pero cuando la policía intenta hacer operativos ellos ponen adelante a los niños lo que ocasiona que los niños sufran daños”, argumenta la gobernadora Villareal.

Pero si por un lado, los tanques fugan por la frontera, de algún modo deben regresar. Es decir, no solo es necesario un control por parte de las autoridades ecuatorianas sino también de sus pares colombianos. Para ello, se crea en Consejo Binacional de Seguridad Hidrocarburífera que lo encabezan los representantes de los gobiernos de ambos países en esa área y la fuerza pública. La gobernadora del Carchi, empero, aún no tiene resultados concretos –en cifras- de cuánta eficacia puede tener este organismo.

El hecho de que este sea un año electoral da lugar a que encabezando las marchas aparezca gente del Movimiento Popular  Democrático (MPD), de la Izquierda Democrática (ID) – al que pertenece el actual prefecto, René Yandún-, entre otros. De modo que la protesta inicial  trastoca en consignas que nada tienen que ver con el tema de la distribución de gas.

El manifiesto firmado por el prefecto René Yandún y el alcalde Julio Robles inicia tomando el nombre del “pueblo de Tulcán y el Carchi”. Entre las exigencias que más llaman la atención por su tono político y dispar en torno a la protesta inicial, están, por ejemplo, “Exigir a las autoridades nacionales, representantes del Ejecutivo en la provincia, el control efectivo de la delincuencia, para un mejor convivir ciudadano y en paz”; “Destacar la labor de los medios de comunicación independientes, local y nacional (sic); y otorgarles nuestro respaldo y solidaridad”;  “Respaldar el justo reclamo de los ex combatientes carchenses, que participaron en los conflictos de los años 1981 1995, para que sean reconocidos sus derechos”.

Como se ve, estas singulares peticiones dan cuenta de las intenciones de los políticos que encabezan las protestas junto con quienes se denominan comerciantes informales, pero que la ciudadanía identifica como contrabandistas. (Enviado por santiago.aguilar). (Por: Santiago Aguilar Morán.- Fotografía: Eduardo Flores).

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