Nacionales

El agua, un recurso al que no todos acceden aún

Compartir

A Fondo: Política pública.- (Diario EL UNIVERSO).- Un pequeño manantial fue hasta hace diez años la fuente de la que se abastecía la familia Torres, pero la lejanía dificultaba el traslado del agua, así que optaron por otra alternativa: cavaron un pozo de 20 metros de profundidad al pie de la casa y hoy, con la ayuda de una bomba, logran llenar dos tanques con el líquido que usan para cocinar, lavar y beber.

El agua es el recurso más “codiciado” para quienes habitan en el recinto La Codicia, ubicado en el lindero de los cantones Mocache y Palenque (Los Ríos). Ahí están asentadas unas 15 casas y 15 más en los alrededores. “El que tiene (dinero) se hace un pocito y el que no, hace un hueco cerca de casa”, comenta Alicia Torres, quien ha solicitado la instalación de un pozo y un tanque elevado para este caserío.

Aseguran que ninguna autoridad ha gestionado el acceso al agua para esta comuna. Ni las nacionales ni las seccionales. La situación se repite en otras zonas rurales del país, en donde no hay acceso directo al agua. En las ciudades se da, pero en menor cantidad.

Este es uno de los desafíos pendientes en el país, que se encuentra también entre los objetivos del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, que se celebra en este año, declarado así por la Asamblea General de la Naciones Unidas.

Cada vez hay más demanda de acceso al agua, que requiere de una distribución adecuada, de servicios de los recursos hídricos y cooperación, según la ONU, que calcula que la población pasará de 7.000 millones de habitantes a 9.000 millones en el 2050. Entre ese periodo la necesidad del agua crecerá entre el 10% y el 20%. Por ello, la importancia de la asignación de este recurso como se lo planteó en la Conferencia internacional anual ONU Agua que se efectuó en esta semana en España.

En Ecuador, la Constitución garantiza el agua a sus habitantes. No obstante, en la práctica es vulnerado este derecho que es catalogado como fundamental e irrenunciable, pues muchos aún no acceden a este recurso.

Además de asegurar la calidad del agua en artículos como el 276, la Carta Magna reconoce el derecho al agua potable (ya tratada). Lo expone como parte de la vida digna. Pero solo el 76,51% de hogares tiene acceso a este servicio en el país, mientras que el 23,49% no, según la Encuesta de Buenas Prácticas Ambientales en Hogares, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 21.768 viviendas, la cual fue difundida en octubre pasado.

La población de hogares que acceden al agua potable se concentra en la zona urbana con el 92,7%, mientras que en la rural es del 49,3%.

Los Ríos, según la encuesta, es una de las diez provincias con menos acceso al servicio de agua potable (40,90%). En Mocache, por ejemplo, más del 70% de la población urbana y rural se abastece de un sistema de agua que consiste en un pozo profundo (60 metros), tanque de agua elevado y la red principal.

Clara Vera, del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de este cantón, señala que este sistema de agua tiene un análisis de la calidad y hasta el momento no registra contaminación de hierro, magnesio o fosfato. Desde el 2009 hasta la fecha, el Cabildo ha construido 84 sistemas de agua y está pendiente dotar de una planta potabilizadora de agua para el sector urbano.

Sucumbíos es otra de las provincias con menos acceso al agua por red pública (32,93%), según la encuesta. Un ejemplo es el barrio Paraíso, al noreste de Nueva Loja. Las 40 familias que allí habitan no cuentan con este servicio. En los portales proliferan los tanques de plásticos que usan para reservar el agua.

La familia de Aura Matamba está formada por ocho personas y cada tres días necesita entre dos y tres tanques de agua de 55 galones para lavar la ropa, bañarse y cocer los alimentos. Cuando llueve ella aprovecha para llenar seis recipientes que tiene frente a su casa. Lo mismo hacen otros vecinos. El padecimiento se acentúa en la época de sequía, pues las madres deben ir a lavar la ropa en los ríos más cercanos y para trasladarse deben pagar hasta $ 12 para contratar un carro ida y regreso.

En Santo Domingo, quienes viven en el centro y los barrios marginales, compran el agua en tanqueros para abastecerse, porque sus cisternas no se llenan con la entrega que a diario realiza la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Epmapa) que dota del servicio al 60% de la población (40.000 usuarios) y con horarios rotativos. En la urbanización Granda Centeno los moradores se quejan. “Hay hasta tres días seguidos que en ocasiones no hemos recibido agua…”, comenta Fanny Cruz, moradora del sector. En el Plan de Vivienda Municipal, una zona urbano marginal, no llega el agua por tubería. Santiago Monserrate dice que se reúne entre vecinos para pagar cada semana $ 25 por el tanquero.

La alcaldesa Verónica Zurita reconoce que la Epmapa atraviesa por una crisis administrativa y financiera, por lo que ha planteado la necesidad de cerrar la entidad. En barrios como Montoneros de Alfaro, los moradores se dotan a través de pozos. En la ciudad hay 60 juntas de agua, pero 6 de ellas tienen pozos de poca profundidad por lo que presentan residuos de hierro, según Leonardo Cuenca, dirigente de las juntas de agua de Santo Domingo.

Para David Reyes, representante del área del Agua y Energía de Acción Ecológica, en Ecuador hace falta un diagnóstico que exponga la situación del agua, con datos científicos de la contaminación de las fuentes naturales; de la accesibilidad; de la distribución y calidad del líquido, entre otros aspectos.

“En la actualidad, más del 70% del volumen concesionado de las aguas está para el sector hidroeléctrico en donde, por ejemplo, se concesionan ríos a 50 años a empresas privadas o estatales, dejando por ese mismo lapso sin agua a las comunidades que están arriba de las turbinas, de la presa”, dice.

Acota que con estos volúmenes de concesiones, los agricultores más pequeños son los más afectados, pues no cuentan en muchos casos con agua para el riego, que les garantice la soberanía alimentaria expuesta en la Carta Magna, en el art. 281.

Ese apartado, en su numeral 4, estipula que el Estado promoverá políticas redistributivas, que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y a otros recursos productivos.

Los pequeños agricultores de zonas rurales de provincias como Los Ríos, que siembran maíz y arroz para la venta y consumo, dependen solo de las lluvias para cosechar productos de ciclo corto. Pero ese no es el único problema para acceder al agua. También está la contaminación de las fuentes naturales, a donde van los químicos, productos de actividades extractivistas (como la minería y el petróleo), y las descargas no tratadas de las aguas servidas.

En Mocache, los desechos de empresas bananeras, los desfogaderos cercanos de criaderos de ganado y cerdos y la fumigación aérea afectan el río que, según la jefa de Agua Potable de este cantón, ya viene contaminado desde los cantones vecinos. Sin embargo, dice que cuentan con una planta de tratamiento de aguas servidas y que hay un porcentaje bajo de contaminación.

Este Diario solicitó desde el jueves pasado una entrevista con representantes de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), ente rector de los recursos hídricos, para conocer las políticas aplicadas en el país para que los habitantes accedan al agua, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Otro tema pendiente en el país es la aprobación de la nueva Ley de Aguas por parte de la Asamblea Nacional, que debió de cumplirse luego de 360 días de vigencia de la Constitución, aprobada en el 2008.

En octubre pasado se anunció que la votación se haría después de las elecciones populares del 17 de febrero próximo. El proyecto de la normativa ha tenido varios puntos considerados críticos, como el reconocimiento autónomo de la gestión comunitaria del agua; la creación de un Fondo del Agua y del Consejo Plurinacional; la desprivatización y la redistribución del agua.

Related Posts

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com