Política

Dra. Paulina Aguirre: “No desconoce la competencia del Consejo de la Judicatura en evaluar a los servidores judiciales” (vídeo)

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Quito.- (@srradioEc).- La Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Dra. Paulina Aguirre Suárez en rueda de prensa virtual se pronunció sobre la propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). No desconoce la competencia del Consejo de la Judicatura para evaluar a los servidores judiciales. Al contrario, reafirma esta función del órgano administrativo a la vez de preservar la naturaleza de la evaluación judicial, esto es, ser una herramienta idónea para alcanzar un sistema de justicia más eficiente y eficaz a la par de respetar el principio de independencia judicial.

Dijo que la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en su informe para segundo debate realiza un importantísimo análisis que recoge los estándares internacionales en materia judicial, reiterando que la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no puede ser utilizada con fines de remoción por cuanto las y los magistrados de esta Alta Corte son designados por un periodo fijo para cumplir sus funciones.

Utilizar la evaluación individual de desempeño como herramienta para sancionar y controlar disciplinariamente a jueces, significaría abrir una oportunidad para ejercer interferencia en la judicatura, lo cual, a todas luces, viola la independencia judicial interna y pone en riesgo al Estado de derecho, aseveró.

La Presidenta de la Corte Nacional de Justicia indica que al interpretar este proyecto de norma, como lo hizo el Consejo de la Judicatura, como atentatorio al principio de igualdad entre jueces de instancia y jueces de la CNJ, es desconocer la estructura esencialísima de la Función Judicial ecuatoriana que divide a los jueces de carrera judicial y a los magistrados de la CNJ designados por periodo fijo.

Tampoco -señala- se puede hablar de una lesión al principio de no discriminación, que según el Consejo de la Judicatura existiría, pues la aplicación de este principio se remonta al goce de los derechos y libertades sin distinción alguna por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas, entre otros, lejos de estar vinculado a una distinción estructural de funciones.

“Es preocupante que el Consejo de la Judicatura sostenga una posición institucional que podría mermar el principio de independencia judicial interna, cuyo reconocimiento se sustenta en los múltiples estándares internacionales desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, específicamente a través de sus relatores especiales para la independencia judicial”, acotó.

Recuerda que el proyecto de reforma al COFJ tampoco limita, ni desconoce atribuciones propias del Consejo de la Judicatura, órgano de administración, gobierno, control y disciplina de la Función Judicial. Únicamente se aplica lo contenido el artículo 226 de la Constitución que dispone a las instituciones del Estado el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos de las personas.

Por tanto, el legislador de forma acertada requiere para el ejercicio de ciertas funciones específicas del Consejo de la Judicatura, el criterio del Pleno de la CNJ sobre temas relacionados al ámbito jurisdiccional. (Por ejemplo: creación modificación o supresión salas; emitir opinión respecto de los proyectos de ley referidos a la Función Judicial; dictar el instructivo para la fijación del monto de la caución a aplicarse en el recurso de casación; entre otros)

Las y los jueces de la CNJ, como garantes del Estado de derecho, velarán por la independencia del sistema de justicia, tanto externa como interna, pues este es el único camino hacia un contexto en el cual los operadores de justicia puedan actuar sin influencias, alicientes, presiones o amenazas.

La Presidenta de la CNJ enfatizó en el respeto a la independencia de los poderes del Estado y la facultad de la Asamblea Nacional de desarrollar los preceptos constitucionales a través del sistema legal.

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