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Directivos del IESS informarán sobre retención de 2.76 de las prestaciones de los jubilados

Directivos del IESS informarán sobre retención de 2.76 de las prestaciones de los jubilados
junio 20
21:37 2018
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Quito.- Con la presencia de un nutrido número de jubilados del país, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores resolvió llamar al presidente del Consejo Directivo, Manolo Rodas y al director general del IESS, Carlos Vallejo, a fin de que expliquen las razones por las que se expidió la resolución de mayo de 2009, por la cual se dispuso la retención del 2.76 % de las pensiones de los jubilados del seguro general obligatorio.

Según la información oficial, la decisión se tomó para financiar de manera parcial la décimo tercera y décimo cuarta pensión y del auxilio funerales.

Los parlamentarios sostuvieron que es urgente que acudan las autoridades a explicar por qué mantienen esta resolución, a la que calificaron de inconstitucional y exigen su derogatoria.

Cristina Reyes recordó que el 27 de mayo de 2009 el Consejo Directivo del IESS, mediante resolución, dispuso la retención del 2.76 % de las pensiones de los jubilados, medida a la que calificó de cruel, injusta e inconstitucional.

Advirtió que dicha resolución viola el artículo 371 de la Constitución, que determina que las prestaciones en dinero del Seguro Social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas del pago de impuestos.

“Las pensiones de los jubilados son inembargables no pueden estar sujetas a ningún recorte, salvo la excepción que plantea la propia Constitución”, reiteró la legisladora, al informar que los jubilados ya han planteado ante el organismo competente la inconstitucionalidad de la medida.

Por su parte Manuel Muñoz, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados, indicó que esta disposición perjudica a más de 480 mil jubilados y pensionistas de montepío.

El legislador Bairon Valle enfatizó que los funcionarios públicos no tienen facultad para interpretar la ley e irse más allá de los alcances establecidos en una normativa. Aseguró que existe una afectación grave a los derechos y que la resolución debe subordinarse a la ley.

Por ello, consideró que no solo se debe dejar insubsistente, sino reparar los daños, criterio que fue compartido por la asambleísta Norma Vallejo.

La presidenta de la Comisión, Liliana Durán, anunció que la próxima semana convocará para tratar el tema con los directivos del IESS.

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