Política

Defensa, seguridad ciudadana y estado de derecho se analizan en taller parlamentario

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Quito.- La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales generó un espacio de diálogo y análisis sobre el proyecto de Ley de Código Orgánico de la Seguridad del Estado mediante el seminario “Defensa, Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho”. La legisladora Ana Belén Marín, vicepresidenta de la mesa legislativa, manifestó que es necesario buscar una normativa para articular estas temáticas, así como inteligencia y gestión de riesgos.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, manifestó que la Secretaría de Estado a su cargo trabajó en una política de Defensa Nacional y en el Plan Nacional de Seguridad Integral en el que se incorporan los diferentes ministerios. Destacó el apoyo de la mesa legislativa para la formulación del Código de Seguridad, así como el trabajo para la elaboración de una ley de seguridad marítima.

Geovanni Naranjo, representante del Ministerio del Interior, analizó la ciberseguridad a escala mundial y en el país. Informó que en los próximo 5 años el delito cibernético será la mayor amenaza para los ciudadanos y los Estados. Destacó que del 100% de información que existe en la red solo se tiene acceso al 4%, mientras que el 96% es oculto. Dijo que ahí se producen los delitos de trata de personas, tráfico de drogas y órganos, prostitución, entre otros. Así también explicó que hay cuatro enemigos en la red: delincuentes, activistas, espías y ciudadanos comunes.

En el seminario también participó Ricardo Luque, director del Centro de Inteligencia Estratégica, quien condenó el espionaje político ocurrido en el gobierno anterior y manifestó que debe existir una legislación que condene la persecución y la violación del derecho a la intimidad. En otro punto, mencionó que hay un Plan Nacional de Inteligencia, documento en que el Presidente de la República y el Director de Inteligencia acuerdan lo que se investigará anualmente.

Francisco Villaroel, agregado de los carabineros de Chile, expuso el marco jurídico de su país para la implementación del uso progresivo de la fuerza y orden público. En el mismo se establece que solo se debe hacer uso de las armas de fuego para defender la vida. Mencionó que no se las puede utilizar para: disparar contra una persona privada de libertad que se dé a la fuga, contra quien se niega a obedecer una orden judicial o una multitud para dispersarla.

De su parte, Rodolfo Catalán, agregado adjunto policial de Chile, manifestó que el uso de la fuerza debe enmarcarse en la legalidad (cumplimiento del deber), necesidad y proporcionalidad (equilibrio entre resistencia y fuerza).

Nelson Villegas, comandante General de la Policía Nacional, mencionó que la institución tiene el deber de cuidar la seguridad ciudadana y vigilar el orden público. Señaló que actualmente la entidad ha sido criticada por una supuesta arbitrariedad y violación de derechos humanos, situación que no corresponde a la realidad. Mientras que Roque Moreira, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, apuntó que tanto la institución que dirige, como la Policía Nacional son entidades de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

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