Política

Contraloría observa contratos en el Consejo de Participación

Compartir

Quito.- (Diario EL UNIVERSO).-  Más de una veintena de irregularidades en el manejo administrativo, financiero y de contratación de personal detectó la Contraloría General del Estado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) durante el periodo que va del 1 de enero del 2009 al 31 de marzo del 2011.

El informe cubre 26 meses de labores de ese organismo, que incluyen parte del periodo de transición, presidido por Julián Guamán, y el de la presidencia de Marcela Miranda. Ella culminó su mandato recién hace dos meses; la reemplazó el consejero Fernando Cedeño.

Durante el periodo examinado por el organismo de control, el CPC manejó un presupuesto de $ 13,2 millones.

De ellos, $ 3’650.860 se gastaron en el 2009; $ 7’108.445 en el 2010; y $ 2’476.826 en el primer trimestre del 2011, indican los resultados preliminares del examen especial a los ingresos corrientes y gastos en remuneraciones, bienes y servicios de consumo e inversiones en bienes de larga duración, así como del análisis a la gestión de la Unidad Administrativa de Recursos Humanos del CPC.

De las 117 páginas que tiene el documento preliminar de la Contraloría, 48 están dedicadas a analizar el manejo de los empleados. Entre otras supuestas irregularidades, se menciona la contratación de personal sin concursos de merecimientos y sin el perfil requerido para los cargos vacantes.

Según la investigación, se suscribieron contratos para puestos con las escalas 7, 5, 3 y 2 (de varios rangos y sueldos) con personas que tenían la condición de egresados en varias tecnologías o con título de bachiller; es decir, que no acreditaban los títulos de tercer nivel requeridos, como abogados, economistas, ingenieros comerciales y otros.

Además, las contrataciones se concretaron sin que existan informes favorables de la Dirección de Recursos Humanos y en muchos de los casos (el informe no especifica el número) los funcionarios solo presentaron copias simples de sus títulos. Uno de ellos fue otorgado en el exterior y no estaba registrado ante las autoridades educativas ecuatorianas.

A esto se suma que la expresidenta del CPC suscribió un contrato de servicios ocasionales para el puesto de directora de Auditoría Interna de la entidad, pese a que esta atribución es única y exclusiva del contralor general, Carlos Pólit.

Mientras que la directora de Recursos Humanos de esa entidad presentó dos informes con los que sugirió la contratación de dos servidores con las escalas 2 y 3 para las oficinas del CPC, en los que constan títulos académicos cuya existencia no fue demostrada.

El examen arrancó el 26 de octubre del 2010, a cargo de la Dirección de Auditoría 1.

El pasado martes, la Contraloría leyó el informe en presencia del personal implicado en las supuestas irregularidades, quienes entregaron la documentación de descargo.

Ahora tienen cinco días laborables para presentar pruebas de descargo. Con ello se elaborará el informe definitivo.

Este tipo de irregularidades pueden derivar, tras las investigaciones de rigor, en glosas y ordenes de reintegro de los fondos mal utilizados, según la legislación de la Contraloría.

Related Posts

Deja una respuesta

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com