Política

Contraloría comunica a la asamblea sobre investigación en el caso hospital de Pedernales

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Quito.- (@srradioEc).- Los informes con indicios de responsabilidad penal DP-0008-2020 y DPM-009-2020 fueron enviados a la Fiscalía General, señaló el Contralor General del Estado, Pablo Celi, en relación al pedido de información que hiciera la asambleísta Johana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización respecto al contrato para la construcción del hospital de Pedernales, adjudicado al consorcio Perdenales – Manabí.

En la comunicación enviada por la autoridad de control se informa que la Dirección Provincial de Manabí efectúa un examen especial en el Servicio de Contratación de Obras (Secob), a los estudios y diseños, así como a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y fiscalización de varios proyectos de construcción y reconstrucción de infraestructura hospitalaria en Manabí, por el período 1 de junio de 2016 – 18 de mayo de 2020.

El documento se conoció en la sesión de la subcomisión de Fiscalización que recibió el testimonio del comunicador Adrián Acosta, del medio Pichincha Universal, quien fue invitado al organismo legislativo a fin que proporcione información sobre la publicación realizada el 21 de mayo de 2020, en torno a este caso.

El investigador Acosta, recordó que al medio de comunicación con frecuencia llegan denuncias sobre distintos aspectos, correspondiendo por responsabilidad periodística contrastar y verificar las mismas, antes de publicarlas. En esta dinámica llegó la denuncia del señor Jefferson Zambrano, abogado de la empresa Hospitev, sociedad que también participó en el proceso y habría resultado perjudicada con la adjudicación.

A raíz de aquella denuncia se procedió a la revisión del expediente que sirvió de sustento para la publicación periodística. Entre los hallazgos, se destaca por ejemplo que el representante del consorcio ganador es gerente y accionista de la subcontratista, según verificación en la Superintendencia de Compañías.

Respecto a este tema, el comunciador había solicitado la información a la Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y Servicio de Compras Públicas (Sercop), instancias en las que también el abogado Jefferson Zambrano con anterioridad comunicó las presuntas irregularidades. La única institución que respondió al pedido fue el Sercop.

Adrián Acosta añadió en su testimonio que el medio de comunicación Pichincha Universal, desde octubre de 2019 ha enfrentado procesos administrativos, que afectarían al derecho de libertad de expresión consagrado en la Constitución y la ley.

Tras su testimonio, los asambleístas Silvia Vera y Ramón Terán, consultaron sobre el avance de estas investigaciones o denuncias presentadas por este tipo de casos. El comunicador sugirió que el proceso de investigación se amplíe a las personas a cargo de la fase precontractual, en la que se preparan los pliegos y se aprueban los informes, desde donde se puede verificar también la existencia de algún direccionamiento.

Por último, el asambleísta Jimmy Candell Soto, presidente de la subcomisión recordó que se encuentran pendientes varias comparecencias; hemos pedido además la información al Consejo de Participación Ciudadana, Ministerio de Gobierno y Secob, concluyó.

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