Política

Concluyó debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Mauro Andino explicó los cambios a la normativa

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Quito.- Acogiendo la sugerencia de Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la titular de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, al suspender la sesión 257 del Pleno, informó que solo queda pendiente la exposición del ponente sobre el texto final del proyecto de Código Orgánico Integral Penal y la votación correspondiente.

Mauro Andino, al cierre del debate, precisó que en el Libro Preliminar no se presentó ninguna observación, mientras que en el Libro I, respecto de la infracción penal se propone mantener la definición vigente de dolo y eliminar el error de tipo y el error de prohibición, acogiendo una preocupación manifestada por algunos profesionales del derecho, para evitar la impunidad al realizar una mala aplicación de estas figuras del derecho penal moderno.

También se pretende afinar la definición de culpa, acorde con la realidad de la administración de justicia en el área penal.

En el artículo que se refiere a la prescripción de la pena, se sugiere analizar los tiempos y reestructurar para que responda a las necesidades de cumplimiento por lo que se propone que en todos los delitos se impongan también penas de multa, conforme con la gravedad del bien jurídico protegido.

En lo relacionado a las infracciones en particular, sugiere revisar, en concreto el genocidio, para que se ajuste al Estatuto de Roma. En el homicidio culposo por mala práctica profesional, se determina reestructurar en base a las demandas del sector salud y el trabajo consensuado por el Ejecutivo, con el fin de precautelar los derechos de las víctimas.

Sugirió revisar integralmente el parágrafo sobre delitos de violencia contra la mujer y la familia y se propone cambiar la denominación por delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

Se recomienda revisar el capítulo sobre delitos contra el ambiente y la naturaleza y la pachamama e incorporar el maltrato a mascotas y animales de compañía y las peleas de perros. Además plantea revisar todo el capítulo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas y el capítulo de delitos de tránsito, entre otros. También se propone revisar los delitos de desacato, terrorismo y rebelión.

En el Libro II, de Procedimiento recomienda eliminar el artículo de conservación de datos y registros, en el cual se establecía la obligación de los proveedores y distribuidores de servicios informáticos y telecomunicaciones de conservar los datos de los abonados o usuarios.

Incorporar reglas que protejan a las víctimas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar dentro del procedimiento expedito; reestructurar el sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses; revisar integralmente el título sobre el procedimiento, en el cual propone incorporar cambios en la fase de instrucción, sobre la reformulación de cargos.

En el Libro III recomienda revisar la redacción y realizar correcciones gramaticales para dar mayor claridad al texto. En cuanto a las disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias revisar la coherencia normativa de las 4 disposiciones generales, 21 disposiciones transitorias, 112 disposiciones reformatorias a 12 cuerpos normativos, 25 disposiciones derogatorias y una disposición final.

Se sugiere agregar una transitoria que determine que hasta que se nombre a las juezas y jueces de garantías penitenciarias, el conocimiento de la ejecución de las sentencias penales le corresponde al Ministerio de Justicia.

En las disposiciones reformatorias aconseja que en el Código Orgánico de la Función Judicial se determine claramente la competencia de las juezas y jueces de garantías penitenciarias; la competencia de los jueces de familia para los temas de adolescentes infractores en lugares donde no existan los jueces especializados. En cuanto a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: regular el tema de las sanciones pecuniarias y su procedimiento.

Además, en el Código de la Niñez y Adolescencia reducir la medida socioeducativa máxima aplicable a los adolescentes, en cuatro a ocho años de internamiento institucional en caso de delitos sancionados en el COIP con más de 10 años de privación de libertad; eliminar la reincidencia en adolescentes infractores; la acumulación de medidas socioeducativas; determinar que el Ministerio de Justicia sea el rector y ejecutor de la política pública relativa a adolescentes infractores; y, determinar las obligaciones de los adolescentes infractores dentro del centro de internamiento.

Finalmente, Mauro Andino pidió establecer una vacatio legis de 180 días, tiempo prudente y oportuno para integrar de manera pacífica y coherente las disposiciones del COIP en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

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