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Comisión nombrará nuevas autoridades y analizará objeción al proyecto que crea polos de desarrollo

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Quito.- El veto parcial que envió el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Producción y a la Ley de Solidaridad se tramitará una vez que la Comisión de Gobiernos Autónomos nombre a sus autoridades, que renunciaron para postularse en las elecciones de marzo de este año.

Quienes dejaron el cargo de presidente y vicepresidente fueron Montgómery Sánchez y Sonia Palacios, respectivamente. Pero, en la sesión que mantuvo el Consejo de Administración Legislativa, este lunes, 14 de enero, se dio paso para que la mesa nombre a sus reemplazos y continúe con su trabajo.

Con el proyecto se pretende impulsar la inversión, reactivación económica y generación de empleo, en todo el país, pero fundamentalmente en Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto de 2016.

La reformas se dividen en dos partes. En la primera, dentro del Código de Planificación, se incluye lo referente a la creación de Polos de Desarrollo, que son zonas que tienen potencial para el desarrollo productivo y capacidad de atraer inversiones.

Para su implementación se establece incentivos contemplados en varias normas, como la de Fomento Productivo y de Régimen Tributario Interno. En esta sección el Ejecutivo precisa algunos temas, a fin de consolidar su aplicación.

En la segunda parte, se reforma a la Ley de Solidaridad, que fue creada para la reconstrucción y reactivación de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto de 2016.

La Asamblea propone la ampliación del plazo para el perdón de intereses en obligaciones con instituciones como el Servicio de Rentas Internas y Seguro Social, que contempla la Ley de Fomento Productivo, vigente desde agosto de 2018.

Sin embargo, el Ejecutivo considera que la propuesta fomentaría comportamientos tributarios negativos e incurriría en una prohibición constitucional. Sin embargo, sugiere la posibilidad de acceder a la exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta, cuando mantengan pérdidas por los efectos del terremoto.

Los legisladores también planeaban que a las entidades financieras privadas y del sector popular y solidario, que concentren más del 50% de sus actividades en Manabí y Esmeraldas, no se les exija el capital mínimo de 11 millones de dólares como requisito para la constitución y operación.

Este planteamiento, según el Ejecutivo, supondría un riesgo en la viabilidad económico-financiera de las entidades, por lo que podría afectar a los usuarios. Sobre la petición al Comité para la Reconstrucción y Reactivación para que reprograme la planificación de obras y proyectos que deben ser atendidos con la Ley de Solidaridad, la Presidencia de la República señala que no es prudente, sin antes evaluar la ejecución de la planificación actual.

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