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Comisión multipartidista recoge insumos para elaborar informe sobre el paro nacional

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Quito.- La Comisión Ocasional Multipartidista encargada de investigar los hechos relacionados con las manifestaciones sucedidas en Ecuador, en octubre pasado, recogió testimonios de actores de la sociedad civil y empresarios con el propósito de recabar información y elaborar un informe que será expuesto ante el Pleno de la Asamblea Nacional; en cumplimiento a la resolución aprobada el 16 de octubre de 2019.

Las comparecencias se iniciaron con Yaku Pérez Guartambel, prefecto del Azuay, quien indicó que las movilizaciones fueron el resultado de la inconformidad del pueblo por el Decreto 883, anunciado por el Presidente de la República. Deslindó al movimiento indígena de los actos violentos registrados durante los 11 días de protestas y dijo que los responsables deben ser sancionados.

En el seno de la Comisión fue recibida Jhajaira Urresta, moradora del barrio La Tola, quien denunció la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos por parte de uniformados, motivo por el cual tuvo una afectación en su ojo izquierdo. El hecho se produjo el 12 de octubre, en medio del “Cacerolazo por la Paz”. Ante la mesa denunció persecución policial y la falta de atención del Estado.

Mientras tanto, Jhoana Orbe, representante de Acción Jurídica Popular, indicó que un grupo de abogados tiene a su cargo tres procesos legales de personas aprehendidas en las manifestaciones por la toma a la Asamblea, disturbios a las afueras del aeropuerto de Tababela y la quema de la Contraloría. Mencionó que todas fueron detenciones arbitrarias y no se llevó a cabo el debido proceso.

Inés Ortiz y Juan Carlos Palacios, representantes de la Corporación Floricultores del Sur, manifestaron que la sociedad ecuatoriana fue víctima de las movilizaciones. Destacaron que en la provincia de Cotopaxi los sectores productivos se vieron paralizados. “Me siento ultrajada porque se me violentó el derecho humano al trabajo”, expresó Ortiz.

Santiago Vargas, presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua, mostró su molestia por las movilizaciones que afectaron directamente al sector productivo. Asimismo, cuestionó el reducido contingente de uniformados designados para la provincia, por lo tanto, puntualizó que los civiles fueron quienes frenaron la “avalancha” de saqueos. Agregó que Tungurahua perdió 140 millones de dólares en los 11 días de paralizaciones.

Joicy Soto, representante del grupo Socorristas de Paz, indicó que durante las manifestaciones atendieron a 4050 personas víctimas de algún impacto en el paro. Comentó que se organizaron 30 brigadas médicas de 10 personas cada una, conformada por médicos, paramédicos, socorristas, enfermeros y estudiantes de medicina. Denunció también excesiva agresividad de parte de los uniformados con bombas lacrimógenas y perdigones.

Tras las comparecencias, los legisladores rechazaron las agresiones que se registraron durante las protestas y se comprometieron a elaborar un informe transparente con el propósito de determinar responsables para que las instancias pertinentes sancionen su accionar.

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