Política

Comisión investigadora exige a expresidente Lucio Gutiérrez que explique vinculación de su partido con intento de golpe de 2010

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Quito.- (Andes).- Una comisión investigadora determinó que los sucesos registrados el 30 de septiembre de 2010 en el contexto de una sublevación de las fuerzas policiales de Ecuador, por supuestas afectaciones salariales, no fueron casuales.

Así lo afirmó este miércoles Carlos Baca Mancheno, integrante de la comisión nominada por el presidente Rafael Correa para indagar sobre los hechos que, por el giro que tomaron los acontecimientos, se constituyeron en un intento de golpe de Estado.

La comisión ha podido determinar con claridad y con precisión, aseguró Baca, que confluyeron varios factores como la presencia de actores políticos y la activación que estos hicieron a través de la manipulación y desinformación.

CARLOS BACA.- COMISION 30S PARTE I

Para esto se valieron de los medios de comunicación y un sistema de distribución de pasquines –documentos sin firma que circulaban entre los policías y militares- para generar un ambiente que provoque una desestabilización que derive en un golpe de Estado, explicó el comisionado.

Baca exigió a Lucio Gutiérrez, líder del partido de oposición Sociedad Patriótica, que responda por los sucesos en mención. “Si se pretende decir que Sociedad Patriótica no estuvo directamente involucrado en la activación y en la conspiración, se estaría mintiendo”, sostuvo Baca durante un programa especial que será transmitido el sábado por el canal público Ecuador TV.

“Lucio Gutiérrez es el líder de ese partido y tendrá que explicar cómo participó Sociedad Patriótica en el intento de golpe de Estado”, apostilló.

Otro tema que deberá explicarse es la participación de dirigentes del Movimiento Popular Democrático que, trepados en camionetas de la Policía, azuzaron a los ciudadanos a tomarse las instalaciones del Parlamento e incitaron en varias ciudades a apoyar la sublevación armada.

Otro factor que confluye en los hechos del 30-S (como también se conoce a los sucesos que dejaron al menos ocho muertos y decenas de heridos) es que no hubo una respuesta institucional de las fuerzas armadas ni policiales para parar la ola de rumores y pasquines.

El supuesto detonante de la intentona golpista fue la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la ley de Servicio Público que no recortaba, pero normaba ciertos beneficios en los entes de seguridad.

La aprobación de la Ley fue aprovechada por sectores de oposición para azuzar protestas contra el régimen del presidente Rafael Correa que tuvo su punto culminante con la inusual paralización de actividades del regimiento Quito #1, el más grande del país.

Baca señaló que estos sucesos generaron tres hechos graves para cualquier democracia: el secuestro del Jefe de Estado, el intento de golpe de Estado en sí mismo y las agresiones a los ciudadanos que se movilizaron para exigir la liberación del presidente Correa.

El comisionado no dudó en afirmar que previo al 30 de septiembre la prensa tuvo una posición desestabilizadora y dio tribuna a ciertos llamados a la desestabilización.

Impunidad

Carlos Baca lamentó que a nivel judicial se haya montado “un verdadero aparato mostruoso para generar impunidad”. Contó que, el 1 de octubre de 2010, noventa policías de la dirección de inteligencia de la propia Policía, por pedido del entonces fiscal general Washington Pesántez, se hicieron cargo de investigar los hechos.

“A los propios policías que estaban involucrados en los hechos que posteriormente se ha demostrado fue un intento de magnicidio”, deploró el comisionado.

Dijo que en las investigaciones, la Fiscalía fue un simple objeto decorativo puesto que las indagaciones las realizó el propio cuerpo policial al cual reprochó por no haber advertido a tiempo al poder político sobre la conspiración que estaba en marcha.

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