Quito.-El primero en intervenir fue José Luis Jácome, viceministro de Movilidad Humana, quien llegó a la Comisión con el propósito de informar lo ejecutado hasta el momento para dar cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea Nacional, en favor de los migrantes deportados. Dentro de la Resolución consta la comparecencia de las autoridades involucradas para que informen el trabajo hasta ahora efectuado, con el objetivo de dar aportes para reforzar la labor.
Jácome explicó los alcances que tiene esta dependencia y dijo que desde la Cancillería se rechazan las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, al darle una mirada a la historia, quedó claro que la política de deportación es una constante en las últimas administraciones de ese país, “la diferencia es que Trump considera deportar a todo quien sea considerado como amenaza para Estados Unidos, sin tener pruebas”, dijo.
Existe un plan de contingencia que se pone en marcha de forma paulatina. Se abrirán mesas de diálogo con países de todas las regiones del mundo. Sin embargo, Jácome dejó claro que Ecuador realiza enormes esfuerzos para mantener la política en movilidad humana, reconocida como de vanguardia. “Para atender la demanda existen ocho coordinadores zonales, que establecen una presencia en territorio, esta misma visión se replica a través de 162 consulados, entre rentados y honorarios, además existen consulados móviles”.
Más impulso
La legisladora Esther Cuesta aseguró que el trabajo de Cancillería es importante, pero exhortó a la cooperación entre todas las entidades del Estado. Sugirió que se convoque a los diferentes ministerios y Defensoría del Pueblo, para conocer el trabajo en el área de sus competencias. También hizo notar que el plan de contingencia impidió un incremento en el número de deportaciones.
En este sentido, la asambleísta Ximena Peña, pidió establecer mecanismos claros de denuncia y hacer una revisión de ese plan.
Dentro del debate apareció el tema de la falta de lugares idóneos en los aeropuertos del país para recibir a los migrantes deportados. Peña cree que es necesaria una atención básica cuando llegan y dijo que este debe ser un esfuerzo de varias instituciones. “Debemos hacer un llamado a los aeropuertos para que se adecúen a la nueva visión del Ecuador hacia la movilidad humana. Hay que entregar servicios humanitarios de información, que nos permitan identificar si se han vulnerado sus derechos”, enfatizó.
Para la asambleísta Doris Soliz, existen mejoras al poner al servicio del migrante todas las instancias y aclaró que el sentido de la resolución es hacer un seguimiento y aporte permanente. También tuvo en cuenta que existen los mecanismos para garantizar e institucionalizar este tema prioritario para Ecuador y habló de los avances legislativos. Por ahora esperan que el Ejecutivo emita el reglamento para que se ejecute la Ley de Movilidad Humana.
