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Comisión de Justicia prosigue el estudio del proyecto para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana

Comisión de Justicia prosigue el estudio del proyecto para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana
abril 23
19:16 2018
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Quito.- En la Comisión de Justicia, el Consejo de la Judicatura, a través del vocal Néstor Arbito, expuso sus puntos de vista sobre el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana e hizo algunas recomendaciones al texto. El defensor Público, Ernesto Pazmiño, mediante carta, se excusó de asistir por motivos de salud y sugirió realizar consultas al sector del derecho para profundizar el debate de la propuesta.

Néstor Arbito mencionó que las medidas no privativas de libertad no podrán dictarse, ni ejecutarse respecto de los delitos de la inviolabilidad de la vida, secuestros, delitos contra la integridad sexual, delitos de violencia contra la mujer, al plantear que aquí se incorpore el tráfico de drogas a gran escala.

También se mostró partidario que el tema de la caducidad de la prisión privativa se ajuste a la norma constitucional. Dijo que, en función de las medidas de monitoreo adoptadas por el consejo para sancionar a los malos operadores de justicia, en el 2008 se tuvo 2.061 caducidades, esto es el 17.89% de la masa de carga procesal, mientras en el año 2013 bajó al 20%, el 0.13 de la carga, en 2017 solo hubo 8 caducidades y el 2018 se registraeon 2 caducidades.

Planteó que el procedimiento abreviado no se pueda aplicar a ningún delito cuya pena sea superior a cinco años, además que la suspensión condicional de la pena y la conciliación no procederán para los delitos de inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos contra la violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar.

Expresó que los secuestros son sancionados con pena privativa de 5 a 7 años, es decir no cabe la conciliación.

La asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la mesa, habló de revisar las estadísticas que manejan el Ministerio de Justicia y la Judicatura, en la forma reiterada como la prisión preventiva no es la última opción, sino la medida que otorgan todos jueces, sin posibilidad de discrepar, de racionalizar aquel pedido que hace un fiscal, así mismo diferenciar las figuras de reincidencia y habitualidad, entre otras características.

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