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Comisión de justicia analizó la situación carcelaria del país

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Quito.- Ernesto Pazmiño, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, acudió a la Comisión de Justicia, donde presentó estadísticas sobre el número de personas privadas de la libertad en el país y el estado de los centros de rehabilitación social.

Comentó que hay alrededor de 40.600 personas privadas de libertad (PPL) y que el hacinamiento está en el orden del 40 %, tras anunciar que solicitará al Presidente de la República declare, en el menor tiempo posible, en estado de emergencia al sector, a fin de implementar acciones urgentes.

Habló de la necesidad de regular y cambiar el abuso excesivo de la prisión preventiva por medidas alternativas, especialmente para delitos considerados pequeños (robo o hurto sin violencia), tomando en cuenta que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha llamado la atención al Ecuador por esta temática, a lo que se suma la no designación de jueces de garantías penitenciarias, hasta la fecha.

Mencionó que el 12 mil ciudadanos están detenidos por delitos de drogas (narcotráfico, microtráfico, consumidores). Hay que perseguir los delitos graves y a los peces gordos; los dispositivos electrónicos de seguridad son elementos idóneos para controlar a personas que han incurrido en delitos pequeños, que no constituyen riesgo de fuga, agregó.

Puntualizó que es fundamental lograr un equilibrio entre el poder punitivo y los derechos de las personas, en el objetivo que el sistema alcance un nivel humano, transparente y eficiente.

Inquietudes

La ocasión fue propicia para que los comisiones expresen algunas preocupaciones. Así, Lourdes Cuesta manifestó que el responsable del caso Mangajo, Juan Andrés V., goza de privilegios y sigue operando normalmente en el centro Turi, en Cuenca, quien, a través de un celular, amenaza a las niñas víctimas de violación y a sus familiares.

Esteban Torres subrayó que los habitantes de la ciudad de Quito viven momentos de incertidumbre, porque hoy los delitos de robo han adquirido componentes de alta violencia. A su vez, Lira Villalba invocó a un profundo análisis de los casos de suicidio en los centros de rehabilitación. Kharla Chávez se sumó a la preocupación de fallecidos, además de las fallas de los dispositivos electrónicos y la provisión del servicio de alimentación.

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