Política

Comisión de Justicia analiza petición del Presidente de la República. El viernes presentará su informe

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Quito.- La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el análisis de la petición del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en el sentido que la Asamblea Nacional declare de interés nacional, conforme establece el artículo 407 de la Constitución, la explotación petrolera de los bloques 31 y 43, en del Parque Nacional Yasuní.

El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, recordó que la petición se fundamenta en el artículo 407 de la Constitución, según el cual se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.

Excepcionalmente dichos recursos se podrá explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular.

Agregó que el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 2013 apunta a un manejo sostenible de los recursos naturales no renovables que permitan garantizar el bienestar de los ciudadanos en el presente, así como de las futuras generaciones, enmarcados en los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Agregó que la petición se fundamenta en el ámbito constitucional en el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que se recuerda que el 10 de mayo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenane y que sobre la base de los estudios, informes, archivos, investigaciones y las conclusiones del informe técnico del Plan de Medidas Cautelares concluye que no se ha evidenciado la presencia de pueblos en aislamiento en la zona de los bloques 43 y 31 del Parque Nacional Yasuní.

En el campo ambiental, el Ministerio del Ambiente determina que en base al marco normativo nacional, la explotación es viable bajo una política preventiva a través de estudios de impacto ambiental, con el fin de establecer actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales y que es necesario realizar actividades de seguimiento, control y monitoreo, dijo.

Subrayó que en el área técnica el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables llega a las siguientes conclusiones:Existen actividades realizadas anteriormente en áreas dentro del parque Yasuní, como resultado de ello se conoce la existencia de importantes reservas y recursos hidrocarburíferos potenciales; Petroamazonas ha desarrollado proyectos de gran magnitud en áreas ambientalmente sensibles, de una manera exitosa y con una mínima afectación del ambiente; la producción de estos recursos generará importantes beneficios económicos; el proyecto generará alrededor de 5 mil plazas de trabajo directo e indirecto.

Por último, expresó que el fundamento financiero lo sustenta el Ministerio Coordinador de la Política Económica, cuyo informe resalta que con la iniciativa se podría alcanzar una producción anual de alrededor de 275 millones de barriles anuales, el nivel más alto registrado en la historia ecuatoriana; los gobiernos autónomos descentralizados recibirán ingresos adicionales y en especial los de la Amazonía; las tasas de crecimiento real de la economía, experimentarían un crecimiento adicional llegando a un 5.3% real en su año pico; y, se registraría un notable crecimiento del PIB petrolero y no petrolero.

Mauro Andino explicó que el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé el procedimiento para tramitar la petición del primer mandatario, a la vez que señaló que según esa disposición “El Pleno de la Asamblea Nacional, en dos debates y por mayoría absoluta de sus integrantes, podrá declarar de interés nacional la petición de la Presidenta o Presidente de la República en relación con la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.

Para estos debates el Pleno de la Asamblea Nacional contará obligatoriamente con informes de las comisiones respectivas designadas por el CAL. El trámite se ajustará a los plazos establecidos para la aprobación de leyes.

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