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Comisión de justicia alista informe de reforma penal en materia de tránsito

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Quito.- La asambleísta Ximena Peña, titular de la Comisión de Justicia, anunció que la próxima semana estaría listo el informe para primer debate el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia de tránsito.

En todo caso, la mesa está pendiente de los cambios que propondrá la Comisión Ocasional de Tránsito, a fin de articular el trabajo. Es importante tener certezas de cómo quedará el sistema de puntos y las multas pecuniarias, que es la mayor preocupación de los actores inmersos en el tema, las que se definirán en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, enfatizó.

Manifestó que existe apertura total para recibir en comisión general, en cualquier momento, a nuevos actores de la sociedad, de la academia, de la transportación, colectivos ciudadanos, entre otros, con el propósito de enriquecer la normativa y contribuir, así, a reducir los altos niveles de siniestralidad en la vías del Ecuador.

Estamos analizando, artículo por artículo. El debate ha sido intenso sobre contravenciones (primera y séptima clase), para ver cuáles se pueden modificar o, a su vez, fortalecer en lo que respecta a la pena, tomando en cuenta el grado de incidencia, la gravedad e impacto en los accidentes, explicó.

Así, por ejemplo, hay la propuesta de establecer como contravención de segunda clase el hecho de manejar y hacer uso del celular, que actualmente es de cuarta clase, en razón del grado de peligrosidad que representa, más aún cuando conlleva apartar la mente del conductor en las carretera, precisó.

Excepcionalidad

También indicó que se estudia la posibilidad de crear una excepcionalidad para que ciertos vehículos, que no necesariamente tengan un título habilitante, puedan transportar pasajeros y cargas. Esto dentro de las zonas rurales y donde la población no cuenta, ni puede acceder a unidades de transporte público regular. Aclaró que la propuesta ha sido sometida a discusión, pero no hay nada en firme al respecto.

Expuso que en el campo y la ruralidad determinados ciudadanos ponen al servicio de la gente una camioneta para trasladar niños a las escuelas, productos a los mercados, así como personal de trabajadores a las fábricas, ubicadas en el centro del cantón, cuyos conductores son sancionados económicamente, e incluso sufren el retiro del carro.

Ximena Peña Pacheco mencionó que los sectores alejados no tienen una alternativa de transporte, por tanto, la excepcionalidad, que no significa fijar un nuevo modelo de transporte, estaría regulada por los gobiernos autónomos descentralizados locales, que delinerarán las áreas específicas de funcionamiento.

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