Política

Comisión de Fiscalización remitirá a la Fiscalía el expediente de juicio político al Consejo de la Judicatura

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Quito.- Tras cerca de siete horas de lectura y debate, la Comisión de Fiscalización y Control Político no adoptó una resolución sobre el informe de la sustanciación del juicio político propuesto por los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello en contra de Gustavo Jalkh, presidente y los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de funciones, ya que no exitió el número necesario de votos para recomendar el juicio o para archivarlo. Sin embargo, con 10 votos, el organismo decidió remitir el expediente a la Fiscalía para que investigue una posible falsificación de documentos.

El borrador de informe proponía desarrollar la fase final del juicio político respecto de la actuación de Gustavo Jalkh, presidente, Néstor Arbito, Karina Peralta, Alejandro Subía Sandoval, principales y Glenda Calva Chávez, suplente.

Durante el debate, el asambleísta Hemuy Calle resaltó que sería grave dar paso al juicio político sobre la base de documentos que posiblemente podrían ser falsos, mismos que deberían ser sometidos a investigación, lo cual podría acarrear la invalidez del proceso.

Lira Villalva cuestionó la valoración de pruebas, puesto que en algunos casos se refiere a la validez de las pruebas y no a la pertinencia de las mismas, en tanto puedan aportar a la determinación de si hubo o no incumplimiento de funciones por parte de los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura.

El asambleísta Homero Castanier, tras defender la validez de las pruebas actuadas en el proceso de juicio político y que se ha demostrado el incumplimiento de funciones por parte de los miembros del Consejo de la Judicatura, respaldó la labor fiscalizadora de los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello, así como el informe de la Comisión de Fiscalización.

De su lado, el legislador Raúl Tello resaltó que su presencia en la Asamblea y en la Comisión de Fiscalización no ha sido dádiva de nadie, sino un derecho otorgado por el pueblo en las urnas y, en esa medida, ha actuado en el presente juicio político y en todos los procesos que se han tramitado en este organismo parlamentario. Defendió la validez de las pruebas aportadas al proceso por parte de los solicitantes del enjuiciamiento político.

Para Daniel Mendoza, no se puede caer en prácticas del pasado, a pretexto de una agenda política determinada. Sugirió que se exhorte a la Fiscalía para que investigue si se forjaron o no documentos y, en caso de que hubiera este tipo de actos, se determine los responsables y fue él precisamente quien planteó la moción para que el expediente se remita a la Fiscalía.

Silvia Salgado destacó que no se podía responsabilizar a los vocales suplentes sobre las decisiones que tomó un cuerpo colegiado del cual no participaron, sino en sesiones esporádicas. También se refirió a la falta de eficacia de determinadas pruebas aportadas cuya veracidad fue cuestionada.

Entre tanto, María José Carrión, presidenta de la Comisión, se mostró partidaria que sea el Pleno de la Asamblea el que determine la responsabilidad política de las actuaciones del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, debido a los pronunciamientos que desvalorizaron algunas pruebas, propuso que se oficie al Consejo de Administración Legislativa, CAL, a fin de que se dicte una reglamentación para la presentación de pruebas en el caso de propuestas de juicio político, que sea mediante copias certificadas por las propias instituciones a las que pertenece o que sean debidamente protocolizadas ante un notario público, a fin de que tengan validez para el desarrollo del proceso.

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