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Comisión de educación trabaja en herramientas legales para superar problemática sobre créditos educativos

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Quito.- Existen alrededor de 9.200 deudores de créditos educativos, cuya deuda asciende a 64 millones, los beneficiarios de estos préstamos, ayudas económicas y becas se encuentran imposibilitados de cumplir sus obligaciones y muchos incurren en procesos de coactiva. Bajo estos antecedentes, la Comisión de Educación trabaja en la formulación de herramientas legales para superar la problemática y favorecer el interés de la juventud y la población estudiosa del país.

En este marco, en la mesa se han presentado tres propuestas sobre el tema, mismas que se unificarían en el proyecto de reformas al Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (Código Ingenios).

El asambleísta Jimmy Candell, presidente del organismo, habló de la necesidad de conocer, a profundidad, el contenido y alcances de la iniciativa del Ejecutivo referente al crédito social. Además, señaló que se debe privilegiar las oportunidades de empleo a los becarios ecuatorianos y definir un régimen especial de intereses para el crédito educativo.

Personeros de la Senescyt y del CES apoyaron la gestión de la mesa de Educación, al precisar que el Código Orgánico Administrativo les impuso una especie de camisa de fuerza para que se pueda solo a 24 meses reprogramar las deudas, pagando el 20 % del abono inicial y tasas de consumo. La educación superior es una puerta para cambiar el modelo de emprendimiento, investigativo y productivo del país, enfatizaron.

Propuesta

El legislador Héctor Yépez explicó los objetivos del proyecto de Ley Orgánica de Crédito Estudiantil Sin Intereres. Dijo que se pretende ayudar a los jóvenes que hoy, muchas veces, no pueden acceder a becas o no consiguen cupos en la universidad, a fin de que mediante créditos estudiantiles ingresen a universidades e institutos técnicos.

Planteamos una linea sin intereses de crétido estudiantil desde el Estado, recogiendo el modelo de Colombia. Las cuotas de pago tienen que ajustarse al ingreso mensual del joven, haciendo una relación entre el ingreso real y la cuota de pago, así tambien no se puede exigir garantias de personas de escasos recursos económios, comentó.

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