Política

Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para primer debate

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Quito.- Con ocho votos, la Comisión de Biodiversidad acogiendo la moción de la asambleísta Marisol Peñafiel aprobó el informe para primer debate respecto a la petición que declara de interés nacional los recursos naturales no renovables de los bloques 31 y 43, enviada a la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Rafael Correa, el pasado 23 de agosto.

A favor votaron Carlos Viteri, Pamela Falconí, Marisol Peñafiel, Alberto Zambrano, Nancy Morocho, Oscar Ledesma, Liliana Guzmán y Hólger Chávez. Pepe Acacho, Arcadio Bustos y César Solórzano votaron en contra.

El texto de la resolución especial fue propuesto por la asambleísta Liliana Guzmán a nombre de la mayoría de la comisión y contiene 16 puntos.

Área intervenida

En lo principal, la Asamblea Nacional declara de interés nacional la operación de los bloques 31 y 43 en una extensión de área intervenida no mayor al uno por mil del área actual del Parque Nacional Yasuní, con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado, garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza y alcanzar el buen vivir o el sumak kawsay.

Zona Intangible

La resolución precisa que, la Asamblea Nacional excluye de esta declaratoria de interés nacional realizar actividades extractivas en la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane, delimitada mediante decreto ejecutivo No. 2187, publicado en el Registro Oficial del 16 de enero de 2007.

La Función Ejecutiva instaurará un sistema de monitoreo integral por niveles de los impactos de las actividades extractivas autorizadas generen sobre las personas, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el ambiente en el Parque Nacional Yasuní.

Destino de los recursos

La Asamblea Nacional ratificó el planteamiento del gobierno nacional que estos recursos sirvan para el cambio de la matriz productiva, construir la sociedad del conocimiento, lo que implica que los recursos se inviertan en educación, investigación, ciencia, tecnología y salud. De la misma forma, estos recursos deben servir para un pacto territorial que permita atender en forma prioritaria a los habitantes de las provincias amazónicas, pueblos y nacionalidades indígenas, a los gobiernos autónomos descentralizados de esta región, a los territorios con mayores brechas de necesidades básicas insatisfechas y el compromiso que se dote de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico para la población.

Investigación

Además, implementará, con la participación de centros de investigación y académicos nacionales e internacionales, un programa de investigación sobre el patrimonio cultural, biológico y la biodiversidad existente en el Parque Nacional Yasuní.

Asimismo, la Función Ejecutiva garantizará que la operación en los bloques 31 y 43 sea de responsabilidad de la empresa pública nacional, actualmente Petroamazonas.

Observatorio ciudadano

Además, se pide constituir un observatorio ciudadano amparado en el marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que realice un seguimiento a los procesos de exploración y explotación, así como al destino de los recursos y al cumplimiento de las medidas cautelares, y en general, de todos los lineamientos establecidos en la declaratoria.

Entre los puntos constan los aspectos relacionados con la suspensión de las actividades extractivas en caso de avistamiento de pueblos en aislamiento voluntario; el compromiso de aprobar la Ley de Régimen Especial de la Amazonía; el tratamiento del Código Ambiental; exhortación para que se impulse una política de industrialización y procesamiento del crudo; entre otros puntos.

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