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Código de ética será insumo en el análisis de las reformas a ley de la Función Legislativa

Código de ética será insumo en el análisis de las reformas a ley de la Función Legislativa
septiembre 25
12:10 2018
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Quito.- El Código de Ética Parlamentaria tiene como finalidad establecer las normas éticas que regulan la actuación de los asambleístas, dentro del marco de su representación ante la Asamblea Nacional y el procedimiento para sancionar su incumplimiento, dijo el asambleísta Eliseo Azuero al dar a conocer el alcance del proyecto de su autoría.

El parlamentario habló de la creación de un Comité de Ética de la Asamblea Nacional, el mismo que estaría conformado por un representante de cada uno de las cinco mayores bancadas legislativas. La conformación del comité estará a cargo del Pleno de la Legislatura y se requerirá la mayoría absoluta de votos para la elección de cada uno de sus miembros.

Recordó que el artículo 82, numeral 12 de la Constitución dispone que es obligación y deber de todos los ecuatorianos ejercer su profesión u oficio y sujeción a la ética, con más razón al tratarse de los representantes del pueblo en calidad de legisladores.

La presidenta de la comisión, Marcela Aguiñaga, recordó que la Asamblea Nacional tiene un Código de Ética que fue emitido por una resolución del Consejo de Administración Legislativa en el período legislativo anterior, sin embargo de ello, se ve experiencias de otros países como por ejemplo en el Parlamento de Chile que es por ley.

Indicó que por resolución del Consejo de Administración Legislativa, la propuesta del legislador Eliseo Azuero, será tomada como insumo para el estudio de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

A criterio de la legisladora, el Código de Ética contiene principios básicos declarativos que tienen otros Parlamentos. Lo que sí es cierto es que debe tener corresponsabilidad y algún tipo de sanción en caso de incumplimiento.

La Comisión prosiguió el análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en torno a las propuestas del “asambleísta por un día” y el plazo para la sustanciación de pedidos de juicio político.

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