Política

CNE emite reglamento con nuevas restricciones para las candidaturas

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Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó ayer el reglamento para la inscripción y calificación de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, asambleísta y Parlamento Andino, dignidades que se elegirán el 17 de febrero del 2013.

Luego de varias semanas de análisis y postergaciones, el documento quedó listo para su publicación en el Registro Oficial, con 15 artículos y cuatro disposiciones.

El pleno del CNE incorporó seis restricciones complementarias o alcances al Código de la Democracia, que ya establece ocho prohibiciones para ser aspirantes a esos cargos.

El Código señala que no podrán ser candidatos de elección popular quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado o hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado; entre otros motivos.

El organismo agregó dos alcances en este particular: “quienes tengan sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras esta subsista”; y “quienes tengan interdicción judicial mientras esta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta”.

El diccionario jurídico define la palabra ‘interdicción’ como prohibición, vedamiento o incapacidad civil; o el estado de la persona a quien judicialmente se ha declarado incapaz, privándola de ciertos derechos.

Uno de los candidatos a la Presidencia es Álvaro Noboa, por el Prian, quien mantiene un litigio civil con el Servicio de Rentas Internas (SRI) por el cobro de tributos.

El jurista Gonzalo Silva calificó el reglamento de contradictorio con el artículo 76, numeral dos de la Constitución, respecto a los derechos de las personas sobre la presunción de inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.

Y enfatizó que ninguna normativa secundaria puede ir en contra de la Constitución y que la insolvencia solo puede ser declarada por un juez.

La consejera Roxana Silva indicó que en este momento el CNE no puede adelantar un criterio sobre la inscripción de la candidatura de Noboa. “Eso lo tienen que decir las autoridades competentes, nosotros no podemos decir que el señor x, y o z es declarado insolvente”.

El subdirector del Prian, Wilson Sánchez, evitó pronunciarse sobre el alcance del reglamento de inscripción de candidaturas. No obstante, señaló que el tema será analizado por los abogados del partido.

El Código señala en la actualidad que no podrán ser candidatos quienes adeuden pensiones alimenticias, sean jueces (as) de la Función Judicial, Tribunal Contencioso Electoral o Corte Constitucional; o sean del CNE. Tampoco los servidores públicos de libre remoción y los de periodo fijo; los que hayan ejercido autoridad ejecutiva en un gobierno de facto; o los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

En el reglamento, el Consejo Nacional Electoral añadió a quienes han sido sancionados con la suspensión de los derechos políticos o de participación, “mientras esta subsista”; a afiliados a partidos o movimientos políticos diferentes al que auspicia su candidatura, “a menos que hubiesen renunciado con 90 días de anticipación a la fecha del cierre del periodo de inscripción de candidaturas o cuenten con la autorización expresa de la organización política a la que pertenecen”.

Finalmente, a las autoridades de elección popular titulares y suplentes que se postulen para un cargo diferente, salvo que hayan renunciado antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura.

Motivos para: Rechazar candidaturas
Cuando las candidaturas no provengan de procesos electorales internos o elecciones primarias previstas en el Código de la Democracia.

Si las listas no mantienen de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencia de género.

Presentación de listas incompletas de candidatos principales y suplentes.

No presentación del plan de trabajo.

Incumplimiento de los requisitos de edad (para ser presidente o vicepresidente de la República el mínimo es de 35 años; para asambleísta y otras dignidades seccionales, 18 años).

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