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Cinco llamados a juicio por caso EICA-Z Group

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(Diario EL UNIVERSO).- El presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Francisco Morales, llamó a juicio a cuatro exfuncionarios de la incautada EICA y a uno de la intermediaria Z Group acusados por la Fiscalía provincial del presunto delito de peculado.

Ayer, en la reinstalación de la audiencia (que estuvo suspendida desde el 31 de agosto pasado), Morales acogió parcialmente el dictamen del fiscal Antonio Gagliardo porque aunque llamó a juicio a todos los implicados, lo hizo a base de un artículo distinto al que este planteó para tipificar el delito.

Morales explicó que la Fiscalía “aplicó un artículo innumerado agregado a continuación del artículo 457 del Código Penal”, pero que él consideró que los hechos investigados se enmarcan en infracciones en el artículo 257 de esa norma.

La diferencia es que el artículo considerado por Morales establece una pena de 8 a 12 años de reclusión mayor ordinaria, una sanción más grave de la que pedía el fiscal.

Los acusados, en calidad de autores, son Geovanni Castro Robles, exgerente general de EICA; Álvaro Muñoz Santos, director corporativo; Alfredo Galarza Palomeque, gerente comercial; Santiago Zambrano Mantilla, presidente de Z Group; y en calidad de cómplice, Leonardo Rivas Lazo, gerente financiero de EICA. Todos están prófugos.

El dictamen del fiscal Gagliardo se sustentó en un informe de la Contraloría, que señala indicios de responsabilidad penal en la contratación de maquinaria pesada por parte de EICA con la intermediaria Z Group, cuyo destino era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Morales, citando el expediente, dijo que “se entregaron, en calidad de anticipo, valores superiores a los $ 400.000 para la compra de maquinaria destinada a municipios y gobiernos seccionales” y que de acuerdo con la investigación del fiscal, “ingresaron maquinarias, pero incompletas, no la cantidad que se había contratado y que (los procesados) no presentaron la documentación pertinente para la desaduanización”.

La defensa de los exfuncionarios tiene tres días para apelar la decisión del llamamiento a juicio, que comenzará en una de las tres salas de lo Penal.

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