Política

Cesación de jueces de corte y tribunal del 2004, a debate en el Pleno

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Quito.- La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 349 del Pleno, para este martes 29 de septiembre, a las 09h30, con el propósito de conocer los informes preparados por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, relativos a la cesación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, en el año 2004, por parte del Congreso de ese entonces.

Los informes hacen relación a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatorianos por la cesación de funciones de los integrantes de los dos organismos en referencia.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, luego de los análisis correspondientes y de requerir la información pertinente aprobó los informes para determinar la identidad de los presuntos responsables de la violación de los derechos establecida en la sentencia dictada por la Corte IDH los Casos “Quintana Coello y Otros vs Ecuador”; y, “Camba Campos y otros vs Ecuador”.

El organismo parlamentario en sus informes determina la identidad de los exdiputados que votaron por la cesación de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, en el año 2004.

De esta forma, el organismo legislativo respondió a la inquietud del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre la sentencia formulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos casos, que obligó al Estado al pago de indemnizaciones por violación de derechos a los citados jueces y magistrados.

El informe pasará a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, con cuya decisión la presidenta Gabriela Rivadeneira, en unión de esfuerzos con el Procurador del Estado, podrá presentar la demanda, conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que permite ejercer el principio constitucional de derecho de repetición, según explicó la legisladora Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Justicia.

Dijo que es una resolución trascendental para los intereses del país, más aún cuando la Corte Interamericana dispuso al Estado el pago de aproximadamente 15 millones de dólares a favor de los afectados, de los cuales se ha cancelado más de ocho millones. Con la aplicación del derecho de repetición los exdiputados asumirán dichos pagos, montos que serán fijados por la justicia para cada uno de ellos y así se recuperarán dineros del erario nacional, agregó.

Recordó que la nefasta y antidemocrática resolución No. R-25-181, de 8 de diciembre de 2004, se aprobó en la sesión matutina ordinaria permanente del IV Período Extraordinario de sesión del Congreso Nacional, convocado por el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez.

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