Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- El caso del legislador Cléver Jiménez (PK), su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa, que enfrentan una sentencia por injurias contra el presidente Rafael Correa, activó al Comité de Familiares de Perseguidos Políticos en el Ecuador, que anunció la presentación de acciones legales y nuevas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este colectivo –en proceso de estructuración desde hace unos tres meses– lo conforman, además, representantes de los llamados ‘10 de Luluncoto’, que fueron condenados a un año por terrorismo; y de los denominados ‘7 de Cotopaxi’, sentenciados a un año de prisión por la toma de instituciones públicas en la sublevación del 30 de septiembre del 2010.
También están organizaciones sociales y políticas de la Unidad de las Izquierdas.
Para definir la estrategia de defensa de quienes consideran perseguidos, la última reunión del Comité se cumplió el pasado miércoles en el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central.
Los voceros de las organizaciones que asistieron al encuentro no descartan acudir a acciones de protesta, como movilizaciones y plantones para exigir ‘respeto’ a sus derechos.
En la reunión, según Juan Pablo Albán, experto en Derechos Humanos, se analizó el uso del derecho penal y administrativo por parte del poder público como “instrumentos de represión”, pese a que fueron diseñados para proteger a los ciudadanos. Esto habría ocurrido, según el jurista, en el caso de los ‘10 de Luluncoto’, los ‘7 de Cotopaxi’ y los estudiantes del Colegio Central Técnico. Por ello, dijo, llevarán los dos primeros casos a entes internacionales.
“Desde el punto de vista estratégico, mientras más personas llamen la atención de los organismos internacionales sobre lo que aquí está ocurriendo, habrá un mayor impacto y un llamado de atención más severo al Gobierno nacional”, dijo.
A juicio de Marco Cadena, secretario general del MPD, solicitarán medidas cautelares para otros ‘perseguidos’ políticos, considerando el resultado favorable que hubo para Cléver Jiménez y sus colegas.
La CIDH concedió medidas cautelares para los tres procesados por injurias, aunque el régimen se negó a acatarlas.
Milton Gualán, quien aún se considera asambleísta alterno de Jiménez, señala que el colectivo insistirá en exigir al Gobierno que las respete y suspenda la ejecución de la sanción.
Jiménez y Villavicencio fueron sancionados a 18 meses de cárcel y Figueroa, a 6 meses.
Gualán agregó que tomarán acciones en defensa de todos los ‘perseguidos’ del régimen.
Galo Monteverde, enjuiciado por la irrupción en Ecuador TV durante el 30 de septiembre del 2010, dijo que al momento el Comité se concentra en apoyar a Jiménez y en cumplir procedimientos para organizarse, como aprobar los estatutos.
43 perseguidos políticos habría en el Ecuador: 25 del MPD y los restantes de PK y otros grupos, según el Comité.