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Candidatos del Ejecutivo, los más impugnados en concurso

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Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) receptó trece impugnaciones ayer, el último día para cuestionar a los 26 aspirantes a integrar la nueva Corte Constitucional (CC).

Los candidatos más impugnados hasta las 17:00 de ayer fueron los postulados por el Ejecutivo. Entre ellos constan quienes en la actualidad se desempeñan como magistrados de la CC, y que son: Ruth Seni, objetada por Mario Arteaga; Doris Villalobos y Jackeline Vallejo; Roberto Bhrunis, por Víctor San Lucas, Mario Arteaga y otra vez Vallejo; Patricio Pazmiño, presidente de la CC, cuestionado por los asambleístas Andrés Páez (ID) y Galo Lara (PSP), y nuevamente Vallejo; y Édgar Zárate, por Vallejo.

El CPC informó que esta última ciudadana presentó un solo formulario, pero en el cual rechaza la participación de cuatro aspirantes en el concurso.

También fueron impugnados los candidatos Antonio Gagliardo, fiscal distrital del Guayas y quien fue sugerido por la función de Transparencia; y Hernán Rivadeneira, exvocal de los anteriores tribunales Electoral y Constitucional, y mocionado por el poder Legislativo.

Gagliardo fue cuestionado por el asambleísta de Concertación César Montúfar por su actuación en el denominado caso Chucky Seven y también por el ciudadano Wilton Vidal. En tanto que Rivadeneira fue observado por Stalin Baldonero.

El CPC no informó sobre las motivaciones expresadas en los oficios receptados. Trascendió que la Comisión Calificadora a cargo del proceso de selección pidió reserva.

Uno de los miembros de esa instancia, Juan David Cevallos, anticipó que el próximo martes planteará una moción para que las impugnaciones que no sean aceptadas no sean difundidas para evitar “shows” y los escándalos alrededor del concurso.

“Nosotros daremos a conocer el número de impugnaciones que se presenten, pero para no alimentar el morbo de la información, nosotros devolveremos sus documentos al impugnador y será él quien decida si da a conocer o no su cuestionamiento públicamente”, explicó Cevallos.

Los seis comisionados tendrán tres días para conocer y calificar estos cuestionamientos y elaborar un cronograma de audiencias públicas, que podrían iniciar en quince días.

La sesión para analizarlas se instalará en Guayaquil, según indicó Cevallos, y en ella verificarán si las objeciones cuentan con la documentación requerida, como copias de cédula, y que “no sean pasquines o documentos sin sustento”.

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