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Asambleístas presentan observaciones al proyecto de Ley de prevención de drogas

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Quito.- En la sesión No. 320 del Pleno, los asambleístas durante el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización destacaron que el tema drogas es uno de los retos más importantes que hay que enfrentar, que tiene impacto en la salud pública e implica problemas sociales, por lo que se requiere buscar nuevas alternativas de prevención.

Subrayaron que la norma contiene nuevos diseños de políticas públicas aplicables, con pragmatismo y objetividad; que se necesitan más detalles en cuanto a la obligación de educar y preparar a la sociedad sobre el tema; que el enfoque preventivo tenga acciones más concretas; crear una materia específica para la cultura cívica o de humanidades; y, generar escuela de padres e hijos en donde se demuestre las consecuencias de caer en drogas.

El asambleísta William Garzón destacó la importancia de establecer programas integrales de prevención de drogas, para lo que se requieren políticas públicas desde diferentes enfoques sectoriales y que la adicción tiene que ser vista como un problema de salud pública.

Indicó que el combate al narcotráfico se ha constituido en el gran pretexto para implementar políticas represivas intervencionistas y guerreristas en el mundo, mismas que han sido un rotundo fracaso. Propuso discutir la conveniencia o no de mantener la facultad conferida a la Secretaría Técnica de Drogas.

René Yandún sostuvo que las drogas constituyen un problema a nivel nacional y público que involucra a la familia. Pidió eliminar la tabla de dosis máximas de consumo de drogas, definida por el CONSEP, aduciendo que científicamente está determinado que el consumo de drogas, inclusive en pequeñas cantidades, produce adicción y atenta contra el sistema nervioso y la salud integral de las personas.

Esthela Acero sugirió que dentro de la institucionalidad se incorpore a los ministerios de Salud, Justicia, Educación y de Inclusión Económica; además, que se eleve a delito la venta de alcohol y cigarrillo a niños y adolescentes, porque solo así se disminuirá en gran medida su venta a este grupo vulnerable.

Verónica Rodríguez advirtió que recuperar a un ciudadano adicto a las drogas cuesta 5 mil dólares, por tratamiento, por tanto, pidió establecer con mayor detalle el compromiso de poner énfasis en el tema de educación y participación social. La educación es pilar fundamental de la prevención, para frenar su iniciación temprana, aseguró.

Henry Cucalón señaló que el objetivo de prevención integral queda limitado solo a 4 artículos del proyecto; que es un error trasladar la regulación legal al ámbito de lo administrativo. “Prevención y rehabilitación son temas que no se tratan con contundencia en el proyecto” aseveró el legislador.

Por su parte Nelson Serrano precisó que la ley es preventiva, no permisiva y reiteró que ésta tiene un carácter preventivo integral, acorde al artículo 364 de la Constitución. Solicitó clarificar las funciones y situación del presupuesto para la secretaría técnica de drogas; en tanto, la asambleísta Diana Peña expresó que la norma tiene enfoque integral, dejando de lado la criminalización a los consumidores.

Fernando Bustamante aseveró que uno de los temas de actualidad como las drogas ha estado vinculado a leyendas, mitos y superstición. Dijo que es fundamental prevenir y reparar el uso problemático de sustancias. Sugirió cambiar nombre de adicto o adicción por usuario problemático o uso problemático de sustancias.

Marisol Peñafiel coincide con varios asambleístas en cuanto al cambio del nombre del proyecto de drogas; a su parecer las mafias de narcotraficantes son las que crean inseguridad y violencia; Miguel Moreta, dijo que es grave desmantelar el CONSEP y pasar su administración a la Presidencia de la República.

El asambleísta Mauricio Proaño tras presentar datos estadísticos sobre el consumo de cigarrillo y alcohol entre menores de edad, expresó que la prevención contra el uso de sustancias psicotrópicas debe tener mayor énfasis en niños; Noralma Zambrano indicó que el consumo de drogas causa graves daños, incluso se ha registrado la muerte de miles de personas. Es indispensable identificar el medio social en que se produce el consumo de drogas, concluyó.

Ricardo Moncayo señaló que la prevención no es sancionar o imponer multas, por lo que es partidario de actuar para eliminar el uso y consumo de drogas, que genera conductas graves en el comportamiento de las personas; Gastón Gagliardo solicitó que la norma se denomine proyecto para la prevención, regulación y control del uso de drogas, al pedir que el Estado haga acompañamiento de niños y adolescentes frente a casos de microtráfico.

Andrés Páez calificó de inconsulta la resolución del Consep para la liberalización de dosis de consumo de estupefacientes; aseguró que el microtráfico es un problema que va en aumento y afecta a estudiantes.

Mauro Andino indicó que la ley busca precautelar el interés de niños y adolescentes y prevenir el consumo a través de políticas públicas, a la vez que puntualizó que la normativa debe articularse con el Código Integral Penal. Señaló que las sanciones pecuniarias deben fijarse en salarios básicos y aplicar proporcionalidad de sanciones.

Agustín Delgado manifestó que los adolescentes tienen fácil acceso a drogas en las calles y pidió se incrementen programas de recreación.

Es fundamental que el entorno familiar se comprometa en la lucha contra el uso y consumo de drogas, afirmó Gladys Castro, quien propuso que los funcionarios del CONSEP pasen a la nómina de la Secretaría Técnica de Drogas.

Richard Farfán mencionó que el proyecto responde a una necesidad histórica, pues lamentablemente, el país se ha visto afectado por el fenómeno de drogas, por lo que es urgente esta ley para los ecuatorianos.

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