Política

Asamblea y Procuraduría unen esfuerzos contra la corrupción y la transparencia en sector público

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Quito.- Impulsar los mecanismos que, dentro del ámbito de sus competencias, coadyuven a la lucha contra la corrupción en el sector público, la transparencia y protección del interés público y patrimonio estatal, es el principal objetivo de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que suscriben la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas y el procurador General de Estado, Íñigo Salvador Crespo.

La firma de este tipo de documentos se ampara en el artículo 226 de la Constitución, que determina que las instituciones del Estado tienen el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Carta Política.

Formación de leyes

Para contribuir al adecuado proceso de formación de las leyes, una vez que los proyectos de ley sean calificados por el Consejo de Administración Legislativa, el Presidente de la Comisión Permanente u Ocasional podrán solicitar a la Procuraduría, se pronuncie con observaciones a la norma que se encuentra en trámite. Dichos comentarios se emitirán y tratarán sobre temas relativos al ámbito de competencia de la entidad.

La Presidencia de la Asamblea Nacional coordinará con la Procuraduría la implementación del procedimiento más adecuado para atender los requerimientos de información y/o de comparecencias que realicen las comisiones legislativas o asambleístas, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales.

Permite que se desarrollen procesos conjuntos de actualización y depuración normativa, en temas relativos al ámbito de competencia de la Procuraduría General del Estado.

Además, la elaboración de proyectos conjuntos de investigación e innovación en sectores de interés institucional; desarrollo de programas de formación profesional; realización de congresos, seminarios, simposios y otros eventos académicos.

Este Convenio tendrá un plazo de cuatro años y podrá renovarse siempre que exista acuerdo escrito entre las partes; no genera obligaciones financieras recíprocas, por tanto, no comprometen partidas presupuestarias o erogación de recursos económicos, ni obligaciones laborales respecto a los servidores y demás personal contratado por la otra institución, que se encuentren vinculados con el acuerdo.

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