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Asamblea pedirá información sobre aplicación de la ley de Violencia contra Mujeres

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Quito.- Cada tres días una mujer es asesinada en Ecuador. Hasta octubre del año pasado, 68 mujeres fueron asesinadas. Con ello, 74 niños y niñas quedaron en la orfandad. Desde la tipificación del femicidio, en 2014, 576 mujeres fueron víctimas de asesinatos, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.

Las cifras, la indignación y la desgracia no paran. Este sábado 19 de enero se conoció el caso de Diana, una joven que fue acuchillada en Ibarra por su pareja. La violencia de género alcanza a 6 de cada 10 ecuatorianas, de acuerdo con el Instituto de Estadísticas y Censos.

Lastimosamente, esa violencia cada día gana más terreno, dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por lo que hizo un llamado a la unidad y combatir esta problemática desde todos los frentes, incluida la sociedad, pues el 80% de agresiones se cometen en el ámbito familiar.

El 5 de febrero de este año, se cumple un año de la vigencia de la Ley de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea, y el Parlamento pedirá explicaciones a las instituciones que tienen competencia en su ejecución para que informen lo que están haciendo, anunció Elizabeth Cabezas.

La norma busca prevenir y erradicar este mal, a través de la prevención, atención, protección y reparación de derechos. Son 16 entidades del Estado las encargadas de velar por estos cuatro ejes. Agrupadas crean un Sistema Nacional, a fin de trabajar de manera coordinada.

En la prevención deben articular políticas enfocadas a eliminar patrones sociocultutales que naturalizan la violencia. En cambio, si una mujer es víctima de la violencia deberán prestarle atención médica, psicológica, socioecómica y asesoría jurídica de manera inmediata y gratuita.

Si existe transgresión a su integridad, podrá pedir boletas de auxilio en las tenencias políticas y en las juntas cantonales de protección de derechos y no requiere de patrocinio de un abogado. La mujer también puede pedir instalación de dispositivos de alerta en la vivienda, que le restituyan a su hogar con las garantías suficientes; la inclusión en un programa de protección como casas de acogida; inserción en programas de inclusión social y económica; prohibición al agresor de esconder o cambiar de domicilio a sus hijos. Si la presencia del agresor en el hogar constituye una amenaza, la víctima puede pedir su salida.

De acuerdo con la norma, en el caso de que exista un inminente riesgo a su vida o seguridad, la Policía Nacional deberá ejecutar acciones urgentes: acudir inmediatamente ante la alerta; activación de protocolos de seguridad y protección; acompañar a la víctima para reintegrarla a su domicilio, si lo solicita; acompañarla ante la autoridad competente para solicitar una boleta de auxilio; y solicitará atención especializada a las entidades que conforman el Sistema.

En cambio, si se declara mediante resolución el cometimiento de los hechos, la autoridad jurídica ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. Dicha reparación podrá incluir la restitución del derecho, compensación económica, rehabilitación, garantías de que el hecho no se repita, disculpas públicas, entre otras medidas.

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