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Asamblea Legislativa dispone remitir ley de simplificación tributaria al Registro Oficial

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Quito.- Con la presencia de 71 parlamentarios, se instaló, este lunes 30 de diciembre, la sesión 647 del Pleno de la Asamblea Nacional, para analizar y resolver el mecanismo de promulgación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, calificada como urgente en materia económica.

Resolución

Acogiendo la moción presentada por el asambleísta José Serrano, la Legislatura resolvió, con 61 votos afirmativos, disponer al Prosecretario General Temporal el envío del proyecto de Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, para que se proceda a su promulgación inmediata en el Registro Oficial.

La resolución especifica que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en sesión 643, de fecha 17 de diciembre, conoció la objeción parcial del Ejecutivo, en un solo debate como corresponde.

Además, se allanó y ratificó respectivamente a las objeciones parciales y en relación con la objeción IX sobre la Disposición General Quinta de la normativa no se contó con los votos suficientes para su ratificación, por lo que esta ha quedado aceptada por el Parlamento, de conformidad con lo que establece el ordenamiento jurídico vigente.

Serrano dijo que es fundamental trabajar, en todo momento, con sentido de Patria y que la aprobación de la Ley de Simplificación Tributaria es una muestra del compromiso del Parlamento de apoyar la gobernabilidad.

Beneficios de la Ley

La Ley permite al Estado una recaudación de más de 585 millones de dólares en 2020. El ítem que más ingresos generaría en 2020 es la contribución temporal a los ingresos de las empresas (0.1% a 0.2%).

Promueve una redistribución justa de la riqueza y también hace un sacrificio fiscal equivalente a 42,11 millones de dólares solo en el 2020, para atender a sectores como el agrícola, microempresarial y los afectados por el terremoto. Entre los benficiarios directos están alrededor de 9.000 jóvenes que podrán acceder a la remisión de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas.

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