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Asamblea analizó aplicación de ley de violencia contra la mujer con varias entidades del estado

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Quito.- La necesidad de fortalecer la coordinación y articulación entre las 16 instituciones que conforman el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue un tema recurrente dentro de las diferentes exposiciones que se desarrollaron en la Mesa Técnica de Mujeres, que conformó la Asamblea Nacional, a fin de dar seguimiento a la Ley en esta materia, que este 5 de febrero cumple un año de vigencia.

En el análisis estuvieron presentes autoridades del Gobierno Central, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Autónomos Descentralizados y asambleístas.

El ente rector de Justicia es el encargado de coordinar el Sistema Nacional, según la Ley. Esta rectoría ahora está en manos de la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Ernesto Pazmiño, quien informó que se han realizado 23 reuniones con las entidades que conforman el Sistema y han avanzado en el desarrollo del Sistema de Registro Único de Violencia, a fin de homologar la información.

Además, se actualizará la encuesta de relaciones familiares y violencia de género y se realizará trabajos de investigación para determinar edades, geografía, tipos de violencia y otros elementos que permitan tomar decisiones acertadas. Uno de los cuellos de botella que encuentra esta Secretaría es que muchos municipios no han conformado las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que son las que emitirán medidas de protección a mujeres violentadas.

Con ese criterio, otro de los retos que encontraron los presentes en la Mesa fue la necesidad articular la gestión en territorio. Desde la Fiscalía, Pavlova Aspaiza, analizó el papel que cumplen los tenientes políticos en la entrega de boletas de auxilio. Se preguntó qué sucederá con las denuncias en contra de sus allegados, familiares o coidearios del partido político al que pertenecen. En cambio, María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José de Quito, hizo un llamado a la generación de más recursos para que los municipios puedan atender estos temas, pues son las entidades con mayor cercanía a la ciudadanía.

El tema del presupuesto también tuvo un eje central en el análisis. Los representantes de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura y de la Defensoría del Pueblo consideraron que la asignación otorgada a estas instancias es insuficiente ante la necesidad de mejorar los servicios. Cada entidad requiere de un presupuesto específico para cumplir con sus funciones y el Ministerio de Finanzas debería informar sobre las partidas asignadas para cumplir con esta Ley, sostuvo Francisco Hurtado, de la Defensoría del Pueblo.

Capacitaciones, creación de protocolos, normativa secundaria, ampliación de servicios fueron algunos de los avances a los que hicieron referencia las diferentes instituciones.

Desde la Asamblea, la presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, Mónica Alemán, cuestionó que las entidades del Sistema no hayan cumplido con algunas disposiciones de la Ley, que fijaban un tiempo para hacerlo. Entre esos mandatos se encontraban la implementación de programas, proyectos, planes, recurso humano, tecnología para atender la Ley, así como la determinación de ordenanzas, como parte de la política pública local.

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