Antecedentes oficialistas entre los nuevos jueces
Informe: Reestructuración judicial.- (Diario EL UNIVERSO).- Unos dicen que les importa “un comino la política” y que nunca han “obedecido a intereses”. Otros se consideran paladines y aseguran que lucharán “para recuperar la confianza en la justicia del país”.
“Siempre he sido el rebelde de la familia. Yo hago lo que yo considere, a mí nadie me indica lo que tengo que hacer”, recalca José Ricardo Villagrán Cepeda, al defender su “total independencia” como uno de los 210 nuevos jueces posesionados esta semana por el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT).
Su paso por la función pública en este Gobierno, como miembro del directorio de la Corporación de Seguros de Depósitos (antes AGD), asegura, no afectará su desempeño como juez de la Primera Sala Civil del Guayas. Las relaciones familiares –afirma– tampoco influirán en sus decisiones. Lo dice porque su hermano Héctor, exministro de Obras Públicas, es embajador de Ecuador en Beijing (China).
Como él, Vicente Velázquez Pezo también proclama su imparcialidad como nuevo juez civil de Yaguachi. “Voy a ejercer justicia en razón de mi conciencia”, dice este abogado que el año pasado fue asesor del Ministerio de Finanzas y secretario general del Consejo de Participación Ciudadana, y en el 2010 fue asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Lo mismo señalan Tania Massón Fiallos y Andrés Villegas Pico. Ella, flamante jueza de la Corte del Puyo, este año fue asesora de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y en el 2011 fue asesora A del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap). “Como jueces, debemos actuar con transparencia, honestidad, eficacia…”.
Como nuevo juez penal de Daule, Villegas Pico también defiende su independencia, aunque no menciona que fue director técnico del Ministerio de Industrias el año pasado y director de asesoría jurídica de esta misma entidad en el 2009. “Una vez en el cargo, es un reto no solo actuar con transparencia, que es un deber, sino actuar con rectitud, que también es un deber, para que la ciudadanía sepa que cada vez que va adonde un juez va a recibir un fallo imparcial”.
De los 210 jueces posesionados por la Judicatura, al menos 52 han ocupado cargos públicos en el actual Gobierno, unos 28 se han desempeñado como asesores y 16 tienen como parientes a autoridades del régimen.
En una revisión realizada por este Diario a los cargos desempeñados por los nuevos magistrados, se constató que el 59% de ellos proviene de las mismas entidades judiciales como la Fiscalía General del Estado, las cortes de Justicia y el Consejo de la Judicatura. El 13% ha salido de los ministerios y entidades gubernamentales; el 16%, de instituciones públicas como la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, municipios, prefecturas, IESS; y el 11% ha ejercido funciones en el sector privado o ha laborado como abogado de libre ejercicio profesional. De los 210 jueces, el 61% ingresó a la función pública en este régimen, por ejemplo, como jueces temporales, fiscales contratados.
“Están aquí no por influencias políticas ni palanqueos. Deben sentirse orgullosos, porque se han sometido a un concurso riguroso de selección”, recalcó el jueves el vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Fernando Yávar Umpiérrez, en el discurso de posesión de 66 de los 210 jueces en el auditorio de la Corte Provincial del Guayas.
El concurso que defiende Yávar es el tercero que organiza el Consejo de la Judicatura Transitorio dentro de su plan de reestructuración judicial, que se ejecuta desde el año pasado, pero que comenzó en el 2008, cuando la Asamblea Constituyente de Montecristi dispuso la transformación de la justicia, comenzando por la destitución de magistrados de la antigua Corte Suprema y que incluyó, más tarde, el llamado del presidente Rafael Correa a una consulta popular, en mayo del 2011, para plantear la reestructuración judicial.
“Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter manos, para bien del pueblo ecuatoriano… Tenemos que cambiar el sistema de justicia, compatriotas”, dijo Correa en enero del 2011, para justificar la consulta en la que se aprobó la creación del llamado Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), una entidad formada por tres delegados: el exdirector del Registro Civil, Paulo Rodríguez, designado por el presidente Correa; la expresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Tania Arias, designada por la Asamblea (respaldada por el bloque de Alianza PAIS); y el exdirector de la Judicatura del Guayas, Fernando Yávar Umpiérrez, delegado por la Función de Transparencia (nominado por Pedro Solines, superintendente de Bancos y amigo personal de Rafael Correa).
El CJT entró en funciones en agosto del 2011 con un presupuesto de $ 400 millones para la inversión en tres ejes: construcciones y adecuación de juzgados, tecnología y la selección de nuevo personal judicial mediante un concurso de méritos.
Sobre las contrataciones de obras civiles, publicidad y consultorías, el Consejo de la Judicatura se ha negado a dar información basándose en el decreto de emergencia del presidente, de septiembre del 2011. Y en el eje del recurso humano, las críticas han sido constantes desde el primer concurso para elegir a los 21 magistrados de la Corte Nacional de Justicia, en enero.
En este concurso se criticó la ausencia de la veeduría internacional en varias fases del proceso, en el que resultaron ganadores como jueces hasta el 2021 el hermano de un asambleísta de PAIS, la madre de un ministro, dos exasesores de legisladores de PAIS, un exfuncionario de la Superintendencia de Bancos y otro de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y dos empleados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargada de las veedurías de la reforma judicial.
En el segundo concurso, que seleccionó en abril a 91 jueces de la Niñez y Adolescencia, también hubo quejas de unas tres decenas de aspirantes que reclamaron, por ejemplo, porque se les notificó que no habían entregado documentos que ellos aseguraban haber presentado.
En el concurso para jueces de primer nivel y de salas de las cortes las críticas aumentaron. Se tenía previsto elegir a 313 jueces y, aunque se inscribieron 3.424, solo 210 resultaron ganadores en este proceso, compuesto por cuatro etapas que sumaban 100 puntos: teórica, práctica, méritos y un curso virtual.
Esta última capacitación, llamada de Formación Inicial, aglutinó las protestas, pues fue esta fase la única que no contemplaba recalificación y la que, además, permitió el ingreso de aspirantes que en las tres etapas anteriores habían tenido bajas calificaciones. De los 210 nuevos jueces, apenas el 7,6% pasó con notas superiores a los 90 puntos. “¿Cuál es el temor del Consejo de la Judicatura a entregarnos las pruebas?”, se preguntó Mérida Castro, una de las postulantes no seleccionadas, quien presentó sin éxito un recurso legal para frenar el concurso.
Así, entre cuestionamientos, el jueves se posesionaron los 210 jueces en Quito, Ambato, Cuenca y Guayaquil. El acto de la capital estuvo presidido por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; el fiscal general, Galo Chiriboga; la ministra de Justicia, Johanna Pesántez; y el defensor público, Ernesto Pazmiño. Carmen Simone Lasso, quien hasta hace unas semanas fue viceministra de Justicia, juró en ese acto como nueva jueza de la Tercera Sala Fiscal.
En ese mismo ministerio trabajó el año pasado otra jueza posesionada, Jeanneth Pila Avendaño, quien este año fue asesora 2 de la asambleísta María Muñoz Vicuña (Alianza PAIS).
También consta como jueza Verónica Jaramillo Huilcapi, exfuncionaria del Servicio de Rentas Internas y hermana de Santiago Jaramillo, asesor A del Consejo de la Judicatura. El asesor del Consejo de la Judicatura, Fabricio Narváez Narváez, también resultó juez ganador, al igual que Betty Muñoz Subía, excoordinadora de asesores de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Óscar Chamorro González, exdirector nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, también ocupará un cargo en las cortes. Y César Jaramillo pasó de intendente evaluador del Consejo de la Judicatura a flamante juez.
“Hace 30 años Roldós inauguró el Palacio de Justicia (en Guayaquil), pero hoy se inaugura la justicia”, dijo orgulloso Francisco Reyes García, nuevo juez tercero del Trabajo y asesor 1 de la asambleísta Aminta Buenaño (Alianza PAIS) en el 2011.
Entre otros jueces que han sido asesores de legisladores están Santiago Galarza Rodríguez, quien trabajó para el asambleísta de PAIS Virgilio Hernández, mientras que Samir Pazmiño Ballesteros asesoró a Mauro Andino, asambleísta de PAIS.
El nuevo juez Wilson Solís Solís fue asesor 1 del asambleísta Vethowen Chica (PAIS) y director en Azuay de la Subsecretaría de Tierras del Magap.
La jueza de Quito Marcia Córdova Díaz fue asesora del Ministerio del Interior, mientras que el juez Benjamín Pineda Cordero fue director del Instituto Nacional Galápagos y es hermano de Michael Pineda, asesor 2 de la Presidencia de la República.
Carlos Redwood Villa pasó de asistente del fiscal Fernando Yávar Núñez (padre del vocal del CJT) a juez 28º de lo Penal.
El fiscal provincial de Manabí, Agustín Zamora Zambrano, también será juez. En abril, desestimó una investigación contra Catalina Castro, directora de la Judicatura de Manabí.
El coronel Wilman Jaramillo se estrenará de juez penal después de 20 años como juez militar en Pastaza. “No he tenido ninguna vinculación política, yo he respetado y respeto la participación de mi esposa”, señala al referirse a que su cónyuge fue candidata a alcalde por PAIS.
Jimmy Iza Barahona, quien ratificó en enero la prisión para Carolina Llanos –pareja del asambleísta de oposición Galo Lara– por el triple crimen de Quinsaloma, también se convirtió en juez titular. El día de su posesión en Guayaquil, comentó: “El concurso reflejó la transparencia que debe ser”.
3.424
Es el número de aspirantes que participaron en el actual concurso.
313
Era el total de jueces que se tenía previsto elegir, pero solo se declaró ganadores a 210 jueces.
103
Cargos continúan vacantes. Más de la mitad de estos corresponde a la región Costa.
100
Reclamos y pedidos de recalificación se hicieron en la última etapa del concurso.
7,6%
Es el porcentaje de jueces que sacaron más de 90 puntos en el concurso.
17
Es la cantidad de ganadores que obtuvieron un puntaje final menor a 75 en esta convocatoria.
