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Acuerdo de Escazú se sustenta en tres pilares: información, participación y justicia ambiental

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Quito.- Garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales son los objetivos que persigue el Acuerdo de Escazú.

En el foro “El Acuerdo de Escazú y la importancia de reforzar los mecanismos de Gobernanza ambiental en el Ecuador”, organizado por las comisiones de Relaciones Internacionales y Biodiversidad de la Asamblea Nacional, en conjunto con el Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios, los panelistas participantes resaltaron que este es el primer instrumento en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El presidente de la mesa de Soberanía y Relaciones Internacionales, Fernando Flores, indicó que el convenio será analizado en la comisión sin ideologías ni fines partidistas. Además, se comprometió a elaborar el informe para su aprobación, en el Pleno del Parlamento, antes de que culmine este año.

Carlos de Miguel, representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mencionó que Ecuador fue uno de los primeros países en suscribir dicho convenio, el pasado 27 de septiembre de 2018. Dijo que su implementación apoyará al cumplimiento de la Agenda 2030.

De su parte, Daniel Barragán, representante del CIIAT, manifestó que el Acuerdo pretende fortalecer la institucionalidad para mejorar la gobernanza en asuntos públicos y es, también, una oportunidad para reducir las amenazas y asesinatos que enfrentan los defensores de derechos humanos ambientales.

Otras intervenciones que se desarrollaron en el encuentro estuvieron dirigidas a la protección ambiental, marcos regulatorios y empoderamiento de la sociedad.

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