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$130 millones, utilidades de empleados de móviles

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sr.utilidadesQuito.- (Diario EL UNIVERSO).- Unos $130 millones sería el monto total de las utilidades correspondientes al 2013 de 4.700 trabajadores de las operadoras Claro y Movistar.

Así lo indicó ayer Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones, al referirse al proyecto gubernamental que busca disminuir las utilidades de los trabajadores de telecomunicaciones del 15% al 3%.

La iniciativa del Ejecutivo, que fue remitida el pasado 14 de julio, plantea que los trabajadores vinculados a empresas que mantengan contratos con el Estado, mediante los cuales se les delegue la prestación de servicios de telecomunicaciones y para el efecto utilicen el espectro radioeléctrico, recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% irá al Estado.

El monto que reciba el Gobierno será destinado a proyectos de inversión social y desarrollo de las telecomunicaciones, según la propuesta.

El funcionario, quien asistió a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea, expresó que si se aprueba la reforma se aplicaría desde el próximo año. “Hemos detectado que el sector telecomunicaciones ya no es el segundo negocio más rentable del mundo después del petróleo, es igual de rentable”, sostuvo sobre el motivo del proyecto reformatorio.

Al ser consultado si la propuesta podría entorpecer la negociación para la tecnología 4G (LTE), el funcionario respondió: “Si no nos quieren comprar espectro las dos empresas, se lo venderemos a las empresas entrantes que están seriamente interesadas”.

Para la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), la propuesta carece del “debido sustento constitucional” y afecta un derecho legítimo que beneficia a familias ecuatorianas.

En un comunicado, Roberto Aspiazu, director de Asetel, sostiene que el proyecto quiere imponer un régimen laboral de los sectores de recursos no renovables como hidrocarburos y minero, cuando el espectro radioeléctrico es inagotable e imperecedero.

Además, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles.

Guerrero dijo que la propuesta no va en contra de los derechos laborales.

“Esperamos que las autoridades dejen sin efecto dicho proyecto en pro de los miles de familias ecuatorianas que se verían afectadas”, dijo Aspiazu.

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