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Un ciudadano colombiano habría delatado a grupo narcodelictivo

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(Diario EL UNIVERSO).- Hasta el cierre de esta edición el exgobernador César Fernández Cevallos, detenido el pasado miércoles junto con diez personas, permanecía en los calabozos de la Jefatura Antinarcóticos del Guayas, así lo informó el teniente coronel Wladimir León, jefe de esa unidad.

Fernández, para quien el fiscal Leonidas Lema solicitó el pasado jueves la medida cautelar personal de arresto domiciliario, aún no había fijado el lugar donde será su residencia.

El detenido tiene su domicilio en Quito, pero había expresado su deseo de permanecer bajo custodio policial en Guayaquil, donde el pasado miércoles se lo apresó y se incautaron 105,8 kilos de clorhidrato de cocaína.

Lema explicó que pidió la medida alternativa a la prisión preventiva para Fernández como un derecho que concede la Constitución a las personas adultas mayores de 65 años. El procesado ya tiene 71. Para los otros diez implicados en el supuesto tráfico de alcaloides, el fiscal solicitó que sean encarcelados en la Penitenciaría.

El representante del Ministerio Público explicó que el arresto domiciliario implica la restricción del procesado a tener contacto con personas y de los aparatos de comunicación. “En el lugar que esté el ciudadano tiene que haber restricciones. No soy la persona que debe decir qué tipo de prohibiciones, la Policía las conoce. Pero tienen que restringirse visitas y accesos a ciertos medios tecnológicos y un sinnúmero de posibilidades que un ciudadano común pudiera tener”, dijo.

Y precisamente por estos medios tecnológicos, es que –según Leonidas Lema– “se llegó a determinar que hay vínculos serios” de Fernández en la organización delictiva. Aseguró que hay videos, grabaciones y fotografías que lo implicarían.

Un parte informativo de la Policía Antinarcóticos del Guayas identifica al exgobernador como uno de los principales miembros y financista del grupo de narcotraficantes.

Señala, además, que supuestamente un ciudadano colombiano, a quien solo identifican como Patricio, fue el que denunció a la organización porque aparentemente corría riesgos su familia a través de intimidaciones y presiones.

Patricio, detalla el documento, habría sido la persona que entregó videos de reuniones en las que planificaban el envío de alcaloide al exterior.

El fiscal Lema indicó que los detenidos también fueron procesados por tenencia ilegal de armas, por lavado de activos y por el financiamiento de actividades del narcotráfico.

Las armas encontradas, aseguró el fiscal, van a ser sometidas a estudios para lograr determinar si fueron utilizadas en los últimos casos de sicariatos registrados en la ciudad. “Ese es el objetivo, determinar si se amerita la vinculación con algunos otros casos; tenemos mínimos (indicios)…”, manifestó.

Además dio a conocer que en el caso estarían implicadas otras personas, una de ellas un ciudadano identificado como el Parce, quien supuestamente era el vínculo para el envío de droga hacia Centroamérica.

Lema, quien lideró las cuatro audiencias realizadas a Fernández y sus diez cómplices, indicó que se indagará si es que existe testaferrismo en bienes incautados al exgobernador.

“La ley es explícita, directamente del involucrado como también de los testaferros, si tal o cual persona está involucrada en este tipo de vínculos, tal vez a nombre suyo no tenga un solo bien, pero si tiene a nombre de segundas, terceras personas, el Estado persigue aquellos bienes en las manos de las personas que estén, y esas personas también son sujetas de sanciones penales…”, expresó Lema.

Cuando fue detenido en el 2003, junto con catorce personas y con casi media tonelada de droga, Fernández fue sentenciado a 16 años de cárcel, pero solo cumplió 6 años y 6 meses. Salió en mayo del 2010 y todos los bienes que le habían incautado le fueron devueltos, pues no estaban a su nombre.

En el proceso que se le siguió constan escritos a nombre de sus hijas María José Fernández Bravo, quien es delegada de la Defensoría Pública en Guayas, desde febrero pasado; Ana Luceth y Ana Margoth Fernández Bravo. Sobre todo cuando pedían la devolución de bienes incautados en el operativo que se denominó Aniversario, pues no estaban a nombre de su padre ni de los otros acusados, que después fueron vinculados al cartel mexicano de Sinaloa.

María José Fernández, quien en el 2002 fuera candidata a diputada por Manabí representando al movimiento Patria Solidaria (PS), que lideraba el expresidente Oswaldo Hurtado, no llegó a un cargo público recién en febrero pasado. Según registros de la Contraloría del Estado, en el 2009 se inició como asesora de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), cuyo gerente era Santiago León, hoy ministro de la Producción. Ese mismo año pasó a ser secretaria del Directorio de esa entidad. Tiempo después, en el 2011, fue parte del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) hasta que este año llegó a la Defensoría del Pueblo.

Scheznarda Fernández, sobrina del aprehendido que hoy dice ser asambleísta independiente, asegura que nunca ha sido el nexo para que su prima llegue a los cargos públicos que ha ocupado; desmiente un presunto acercamiento con el régimen para supuestas componendas y, además, critica la situación que atraviesa su tío.

Reacciones: Tras la detención
Scheznarda Fernández
SOBRINA Y ASAMBLEÍSTA
“Lamento este hecho bochornoso porque creo que (César Fernández) tuvo una oportunidad de vida que no la supo aprovechar…”.

Lucio Gutiérrez
EXPRESIDENTE
“Lo acuso a Rafael Correa de querer mancillar el nombre de Lucio Gutiérrez, yo tengo las manos limpias de sangre y de corrupción…”.

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