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Procurador: Dirigencia Sarayacu privilegia intereses de un grupo político por encima de comunitarios

Procurador: Dirigencia Sarayacu privilegia intereses de un grupo político por encima de comunitarios
mayo 09
17:10 2014
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sr.procuradorQuito.- (Andes) – Luego de que se hizo público el anuncio de la dirigencia indígena de Sarayacu de dar protección a Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, sentenciados por injurias contra el presidente Rafael Correa, las autoridades cuestionaron lo actuado por la dirigencia amazónica a quienes les ampara medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Agencia Andes dialogó con el procurador general del Estado, Diego García, quien se refirió a las implicaciones de esta decisión de la comunidad indígena.

¿En días pasados, la ministra de Justicia afirmó que Ecuador pedirá audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer lo que está ocurriendo en Sarayacu con respecto a la protección de tres prófugos de la justicia ecuatoriana, puntualmente que es lo que se busca con esta acción?

Por una parte se expondrán los avances en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana a favor del pueblo Sarayacu en 2012 y por otra, Ecuador dará a conocer su posición frente a las declaraciones de los dirigentes de Sarayacu acerca de los hechos dados en su territorio, donde han dado protección a personas sentenciadas por la justicia ecuatoriana. La audiencia tiene carácter preventivo en el caso de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el pueblo Sarayacu solicitaran medidas provisionales.

¿Esta posición del pueblo Sarayacu de dar protección a los tres sentenciados por injurias contra el presidente Correa pone en riesgo el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en 2012?

Los hechos pueden generar un problema para el cumplimento de la sentencia. Las acciones de ejecución del fallo dependen de una coordinación entre ambas partes. Se estaba proponiendo una fecha tentativa para realizar las disculpas públicas por parte de la ministra de Justicia en los últimos días de abril e inicio de mayo. Estábamos en conversaciones hasta que se produjo las declaraciones del pueblo Sarayacu y en ese momento se interrumpieron las conversaciones y entrando en stand by. Pero no porque el Estado ha decidido no cumplir. El Estado sigue deseando cumplir pero necesita una coordinación que es imposible en las situaciones actuales.

¿Las medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana al pueblo Sarayacu impiden que la fuerza pública pueda detener a los prófugos en ese territorio?

La ejecución de una sentencia de la justicia le corresponde a la Policía. Eso no está limitado ni por la sentencia que favoreció a Sarayacu ni por los tratados internacionales de protección de la identidad, nacionalidad y cultura de poblaciones indígenas.  La policía puede ejercer su competencia en todo el territorio porque el Estado es uno solo, no hay posibilidad de un Estado dentro de otro.

La idea de acudir a la Corte Interamericana no es para que nos permitan ingresa o ejercer jurisdicción, lo que se busca es prevenir de la posibilidad de que más adelante se produzca el pedido de medidas provisionales y se pretenda utilizar al Sistema Interamericano para conseguir una limitación de los derechos de ejercer jurisdicción dentro del territorio bajo el supuesto de que estaría atentado con la sentencia.

¿Qué implicaciones tiene la decisión del pueblo Sarayacu?

Tradicionalmente la dirigencia indígena no solo de Ecuador, sino americana, siempre ha privilegiado el interés de la comunidad y no intereses políticos. Es la primera vez que una comunidad indígena en territorio americano decide privilegiar los intereses de un grupo político por encima de los de su comunidad.

Esto rebasa los límites produciendo violaciones del derecho ecuatoriano que no pueden ser protegidas por el derecho internacional ni por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La aceptación del derecho internacional y del derecho ecuatoriano respecto de la existencia de una justicia o autogobierno de los pueblos y nacionalidades indígenas está en relación a los problemas internos de la comunidad y no en la protección de personas que tengan problemas con la justicia y que en algún momento entren en su territorio. La protección de personas de fuera de la comunidad es gravísimo, implica una extralimitación de los derechos de nacionalidad y una violación de derecho interno del Estado.

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