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Problemas técnicos y operativos en edificaciones de la Judicatura

Problemas técnicos y operativos en edificaciones de la Judicatura
noviembre 19
09:45 2012

QUITO.- (CHRISTIAN ZURITA Y GLADYS RIVADENEIRA. Diario EL UNIVERSO).- En 22 días estuvo listo el proyecto para la construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial de San Miguel, en la provincia de Bolívar. En ese tiempo se realizaron: consultoría de diseño, planos arquitectónicos, de instalaciones eléctricas, estudios de suelo, se firmó el contrato de construcción… Y, sin embargo, cuando el constructor Emilio Calle Guerrero empezó a excavar encontró agua a menos de 4 metros de profundidad.

Según el fiscalizador (e) de la obra, Enrique Páliz, se necesitaban al menos siete metros de tierra firme. “En invierno, era un río debajo de ese terreno (sic)”, dijo.

Por ello, en febrero pasado, Páliz suspendió la construcción hasta que el Municipio de San Miguel y las autoridades del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) encuentren otro terreno. El agua fue una sorpresa pese a que se había realizado una consultoría de diseño que incluía el estudio de suelos, que estuvo a cargo de Jimmy Armijos Prieto, por un valor de $ 75.600 (incluido un estudio similar en Chillanes).

Calle Guerrero indicó a EL UNIVERSO que se tuvo que hacer un rediseño total, porque al inicio se iban a construir unos 960 m², pero al final resultó una edificación de 1.600 m². Y, agregó, “todavía no tenemos claro cómo va a quedar definitivamente la obra”. El edificio cuesta $ 1 millón y, según el contrato firmado el 21 de diciembre del 2011, tenía que ser entregado en marzo de este año, ahora su inauguración está prevista para enero del 2013.

Esta construcción es parte de los 39 contratos de infraestructura que el Consejo firmó luego de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, del 22 de septiembre del 2011.

Cada obra de ese plan contó con un contrato previo de diseños y otro complementario para la fiscalización. En todo el país son 121 proyectos –entre diseño, construcción y fiscalización– que suman $ 170,3 millones. Todos se firmaron en los dos últimos meses del 2011 y en la primera quincena del 2012.

Los procesos coinciden en varios aspectos. Por ejemplo, en el corto tiempo que hay entre la invitación a un solo constructor por contrato y la adjudicación del CJT. El régimen de emergencia permite no hacer concursos. Esa rapidez se evidenció en las entregas a los contratistas en Guayaquil (en el centro de la ciudad), Quito, Pelileo, Riobamba, Machachi, Jipijapa, Esmeraldas, Cañar, Loja, Catamayo, Yantzaza.

En aquellos procesos se advierte que arrancaron el 28 de noviembre del 2011 –cuando se invitó directamente a los constructores a presentar ofertas– y que el 1 de diciembre ya estaban en el CJT; al día siguiente estaban legalmente adjudicados.

Otra tanda de invitaciones se dio el sábado 12 de diciembre del 2011. Para el lunes 14 ya se habían adjudicado las obras de Guayaquil (sur), La Troncal, San Miguel, Alausí, Macas, Gualaceo, Otavalo, Ibarra, Latacunga, Zaruma, Salcedo y Pujilí.

Los contratos no detallan las razones por las que se invitó a esas empresas.

Este Diario recorrió las obras que levanta la Judicatura en diez provincias y pudo constatar varios problemas que existen en las construcciones.

Pese a que hay proyectos marcados por grandes diferencias (de tamaño, técnicas, etc.), ningún constructor se tomó más tiempo para hacer sus propuestas. Dio lo mismo elaborarlas para el edificio de Yantzaza, en Zamora Chinchipe, valorado en $ 1,1 millones, a cargo de Ernesto Armijos Veintimilla, o para el enorme complejo de juzgados que construye la empresa Alessmart, en Guayaquil, por $ 34,7 millones.

Los contratos no incluyeron un metraje total, listas de precios unitarios ni de materiales, tampoco planos definitivos ni estudios de terrenos. La Unidad de Infraestructura de la Judicatura determinó el valor de cada obra en metros cuadrados, pero no se contempla una fórmula o estándar de precios para valorar el área de construcción.

Ante consultas realizadas por el asambleísta Cléver Jiménez (PK) sobre las construcciones, el director general del Consejo de la Judicatura, Mauricio Jaramillo Velasteguí, le respondió en julio pasado que las 39 obras del plan oficial tienen un total de 177.130,35 m², a un costo de 966,58 dólares por cada m², sin considerar la fiscalización ni el costo de los terrenos.

Varios contratistas consultados por este Diario aseguraron que el negocio parecía ser atractivo, pero que al final cada edificio debía entregarse con equipamiento tecnológico y de mobiliario, lo que encareció la obra en al menos el 25%.

Para comparar, una referencia de contratación de obras similares antes de la emergencia decretada por el CNJ existe en la ciudad de Zamora. Allí se adjudicó la reconstrucción del Palacio de Justicia a Orlando Pineda Ochoa, por un monto de $ 2,1 millones. El contrato sí incluyó una tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios. El promedio de esos valores fue de $ 525 por m².

Se detallaron 72 rubros para el diseño estructural (limpieza de terreno, nivelación, excavación, relleno, hormigón, sistema hidrosanitario y contra incendio). Además, otros ítems para el sistema eléctrico, climatización, sistemas de voz, datos y sonidos, así como el valor por derrocamientos, pisos, recubrimientos, cielos rasos, aluminio, vidrio y mobiliario.

Esta obra fue suspendida en febrero del 2012, para incorporar nuevos elementos del modelo de gestión se valoró incluyendo el rubro tecnología.

Otro de los inconvenientes presentados en varias obras fue la falta de permisos municipales. En Loja, por ejemplo, el propio director provincial de la Judicatura, Pablo Falconí Ayora, reconoció que tuvo que hablar con el alcalde de la ciudad para resolver ese requisito.

“Hicimos un compromiso, la necesidad de que esto se construya de forma eficiente y en el menor tiempo; él dio todas las facilidades y los papeles se fueron tramitando a la par”, indicó Falconí.

En Cariamanga, Loja, el constructor Tonny Cisneros levantó uno de los edificios y reconoció que no entregó su propuesta a la Judicatura, sino “a un amigo”. Otro constructor en Loja, quien pidió la reserva, dijo que le sucedió lo mismo, que su oferta pasó primero por manos de un particular.

La semana pasada, una periodista le preguntó en Quito al director general de la Judicatura si hay problemas técnicos o litigios en las construcciones. Él lo negó: “Bueno, hemos emprendido un programa muy ambicioso de infraestructura y prácticamente no tenemos mayores problemas a nivel nacional… Todo se lo ha hecho con base a autorizaciones previas y demás, entonces, no tenemos mayores problemas”.

Fechas

5 de septiembre del 2011

El presidente Rafael Correa firmó el Decreto 872 para declarar el Estado de Excepción en la Función Judicial por 60 días. Se da prioridad a la formulación y ejecución de proyectos.

22 de septiembre del 2011

La Judicatura declara la emergencia en la Función Judicial. Se la empleará para consultorías, adquisiciones, arrendamientos, ejecución de obras y prestación de servicios.

26 de octubre del 2012

Se firma un contrato de consultoría de diseño, con lo que empieza el proceso para las edificaciones.

7 de diciembre del 2011

Se firma el primer contrato de construcción de los nuevos edificios de la Función Judicial.

26 de enero del 2012

La Fiscalía dispone allanar un inmueble en el norte de Quito, en donde se encontró un maletín con $ 215 mil de propiedad del arquitecto César Novillo Riofrío, quien estaba a cargo de quince personas que diseñaban los nuevos edificios judiciales.

Más datos

Clasificación

El plan de la Judicatura que se lleva a cabo en todo el país contempla 43 proyectos de diseño, 39 de construcción y 39 de fiscalización.

Costos

Para diseño se han destinado $ 5,3 millones; para la construcción de edificios, $ 154,5 millones, y para la fiscalización, $ 10,5 millones. El total son $ 170,3 millones.

Túneles

En octubre pasado se hallaron túneles debajo del complejo de juzgados que se levanta en La Pulida, en Quito. La Judicatura sostiene que no hay irregularidades.

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