Presidente de Ecuador no excluye una consulta popular por polémicas leyes
(EFE).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no excluyó hoy ir a una consulta popular para que sea el pueblo el que defina si se aprueban unos polémicos proyectos legales sobre herencias y plusvalía, que desataron fuertes protestas de la oposición.
En un programa de televisión, denominado «Los ciudadanos preguntan al Presidente», Correa contestó preguntas del público que se concentraron en las preocupaciones generadas por las polémicas propuestas legales, que en principio debían ser tramitadas de urgencia por la Asamblea Nacional (Parlamento).
Ante las protestas que arreciaron hace dos semanas, Correa retiró temporalmente esas iniciativas del Legislativo y anunció la apertura de un espacio de diálogo nacional, al tiempo que desafió a la oposición a demostrar que sus propuestas afectaban a los pobres y a la clase media, como afirmaban sus detractores.
La oposición, que ha convocado a nuevas protestas por el «archivo definitivo» de los proyectos normativos, asegura que la mayoría de la población las rechaza, aunque el Ejecutivo sostiene que el malestar ciudadano obedece a la supuesta «desinformación» con la que se han tratado los temas.
«No excluyo una consulta popular», pues «tengo fe en que, una vez que la gente conozca de lo que es la estructura de pago (de los impuestos establecidos en la propuesta) y que el 98 por ciento (de la población) nunca va a pagar un centavo por la ley de herencia», el apoyo popular a esa iniciativa será «masivo», afirmó Correa.
Correa dijo que sólo el 0,1 por ciento de la población, que representa a las familias más acaudaladas del país, «pagará algo representativo» si se llega a aprobar la ley de herencias.
Asimismo, dijo que la ley de plusvalía no afectará al pueblo, ya que se dirige, sobre todo, a controlar a los especuladores de la tierra, por lo que insistió: «En el momento en que la gente conozca esa información estoy seguro de que el apoyo a la ley será masivo».
El mandatario opinó, además, que detrás de las protestas opositoras «hay una conspiración en marcha» y que forma parte de una estrategia de los grupos de derecha de la región, a la que denominó como «golpe blando» y dirigida contra todos los Gobiernos progresistas de América Latina.
