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‘Pedimos al Estado que no utilice el sistema penal para castigar la protesta’ (video)

julio 18
15:16 2012
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(Diario HOY).- Tamaryn Nelson, investigadora de Amnistía Internacional, realizó el estudio “Para que nadie reclame nada ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?” que fue presentado ayer en Londres, en el que se muestra el estado de 24 casos de líderes sociales procesados por protesta social. Para ella, el Estado utiliza claramente la vía penal para limitar la protesta social.

¿Cuáles son los parámetros para afirmar que hay criminalización de la protesta en Ecuador?

Recolectamos la información de las protestas mineras y por la Ley de Aguas en un periodo de 18 meses, entre 2009 y 2010. Hubo más casos, pero la gente nos pidió que por temor a represalias no los hiciéramos públicos, y lo que vimos fue un patrón de cargos infundados contra varios dirigentes. De 35 cargos, 23 al momento de llegar a un juez fueron desestimados, eso demuestra que hay investigaciones que no son fundadas. La mitad de los dirigentes investigados fueron detenidos, y hay muchas investigaciones prolongadas. Por ejemplo, contra Delfín Tenesaca y Marlon Santi están bajo investigación por el el delito de terrorismo, y llevan así dos años. Si existen evidencias contundentes contra las personas hay que formular los cargos y seguir adelante. Y si no hay evidencias, debería archivarse.

Video cortesía ECUAVISA

En Ecuador, la Constitución determina el derecho a la protesta, pero a la vez hay este tipo de ambivalencias como la utilización del sistema judicial para detenerla…

Nosotros pedimos al Estado que retiren los cargos infundados a dirigentes sociales, y que se deje de utilizar el sistema penal o cualquier disposición legal para castigar este legítimo derecho a la protesta social. Pero hay que dejar claro que si la gente sale a las calles es porque se han tomado decisiones sin consultar a las comunidades afectadas. En el caso de comunidades indígenas, si el impacto de un proyecto es significatrivo, hay que buscar su consentimiento.

¿Cómo tomaron la decisión de estudiar caso por caso?

Es un tema que nos llamó la atención por la cantidad de cargos infundados, detenciones e investigaciones judiciales prolongadas. Nos llamó la atención que, a pesar de que los casos por ejemplo son de 2009 y 2010, todavía sigan abiertos. Por ejemplo, de los 24 dirigentes, ocho de ellos aún continúan enfrentando algún tipo de procedimiento jurídico. Eso demuestra que los casos siguen por años, y eso afecta a la gente a nivel personal. Por ejemplo, en un caso, las personas tienen que firmar ante las autoridades y tienen que viajar hasta ocho horas para hacerlo. Eso tiene un impacto en sus familias, en sus comunidades. Lo que nos preocupa es que con la criminalización de la protesta se manda un mensaje intimidatorio a toda la sociedad: hay una cantidad de líderes que decían que antes salían a las protestas, pero ya no más. Otras personas, que a estas alturas serían dirigentes en las comunidades, , ya no lo son porque tienen miedo de lo que les puede pasar.

¿Cómo ven el papel de la Policía?

Las fuerzas de seguridad deberían estar entrenadas para manejar protestas sociales y deberían entender eso como un derecho humano, que una persona puede estar ejerciendo su libertad de expresión y asociación, y por eso hace una protesta. Uno de los caso que se ha hecho a varios dirigentes es por obstaculización de las vías públicas, y ahi, por ejemplo, el Estado tiene el derecho de mantener el orden público e investigar un delito que se cometa en cualquier contexto, lo que nos preocupa es que una protesta como la paralización de una carretera no es lo suficiente como para dispersarla, para nosotros hay grupos que no tienen acceso a otras formas de expresar sus opiniones, y en torno a esto empiezan a hacer protestas. Los Estados deben tener cierto nivel de tolerancia hacia las protestas, eso siempre y cuando no estén afectando al derecho a la vida. (JRI).

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