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Pedido presidencial mantiene vigentes los ecos de la sublevación policial

Pedido presidencial mantiene vigentes los ecos de la sublevación policial
mayo 13
12:50 2013
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Quito.- (Diario EL UNIVERSOR).- Lejos de cerrarse los casos judiciales abiertos por la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010, se incrementan los pedidos de investigaciones, esta vez contra dos periodistas y un medio de comunicación.

Analistas políticos, así como involucrados judicialmente tras los hechos de ese día, creen que el Gobierno trata de acabar con el debate de este tema sin que se llegue a determinar responsabilidades.

El presidente Rafael Correa dijo el sábado pasado que la Fiscalía debe investigar a Teleamazonas y a los periodistas Milton Pérez y Freddy Paredes al considerar, basado en un tuit del primero, que al menos un día antes ya “sabían” que iba a ocurrir la sublevación, hecho que el Gobierno califica como un intento de golpe de Estado.

Correa mencionó que esta semana hablará con el fiscal general (Galo Chiriboga) “porque es verdad que la mayor parte de los hechos del 30 de septiembre todavía continúan en la impunidad…” y citó el caso de dos policías que pretendían disparar contra otros uniformados.

El analista político y catedrático de la Flacso, Santiago Basabe, señala que el 30 de septiembre tiene “claramente una connotación política” y “hay juicios emblemáticos que dan cuenta del interés del Gobierno de que este tema se cierre y no se continúe debatiendo”.

“Al Gobierno no le interesa que se aclare, le interesa que se ponga un velo de misterio, le interesa callar a cualquier persona que quiera hablar sobre el tema”, dice Basabe. Y cita como ejemplo la sentencia contra el asambleísta Cléver Jiménez y los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, acusados de presentar una denuncia maliciosa y temeraria.

Acota que en el caso del 30 de septiembre hay una pregunta clara: “¿quién ordenó disparar en el Hospital de la Policía?”.

Tras conocer la condena de un año y medio de cárcel en su contra, Villavicencio se quejó de que no se investigara la parte central de su denuncia. “…Lo que pedimos fue que se investigue quién ordenó disparar, que se pruebe si hubo secuestro del presidente… Que se pruebe el origen de las balas que acabaron con la vida de militares, policías y civiles”.

La expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora, acusada de incitar a la protesta a estudiantes, acusó el viernes pasado al Gobierno de “querer callar” la voz de aquellos que tienen “valentía” para decir las cosas como ocurrieron durante la sublevación.

El analista Vladimiro Álvarez cree que el Gobierno sigue llevando ante la justicia casos relacionados al 30 de septiembre porque intenta salir con una buena imagen de ese suceso, aunque él considera que fue un hecho vergonzoso para la institucionalidad ecuatoriana.

“Los responsables de los actos de terror no son los que han denunciado, sino los que dieron órdenes imprudentes que luego ocasionaron muertes y eso es lo que tiene que investigarse”, dice Álvarez.

Una de las consecuencias de la sublevación consta incluso en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Allí se señala que la Relatoría para la Libertad de Expresión recibió información de que el Gobierno inició trámites para registrar la propiedad de los términos “30S” y “30-S”, que surgieron en las redes sociales en relación con los hechos violentos, y que no estaba claro en qué medida los ciudadanos podrían continuar empleando con libertad dichos términos.

Al respecto, Basabe dice que el Gobierno podrá tener la propiedad intelectual sobre el término, “pero lo que no tiene es la propiedad del derecho que tenemos los ecuatorianos a saber qué mismo pasó ese día”.
Casos alrededor del 30 de septiembre

Mery Zamora

Hoy continúa la audiencia de juzgamiento contra la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en el Décimo Tribunal Penal del Guayas. Está acusada de sabotaje y terrorismo por haber incitado a la protesta a los alumnos del colegio Aguirre Abad, en paralelo a la sublevación policial, según la denuncia de Mónica Franco, actual viceministra de Educación.

EcuadorTV

Treinta y dos meses después de la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010, la Primera Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha dejó en firme, el pasado 10 de mayo, el auto de llamamiento a juicio en contra de trece personas acusadas del supuesto delito de sabotaje y terrorismo por la irrupción en EcuadorTV. Los jueces dispusieron que el caso pase a un tribunal penal de juzgamiento.

Cléver Jiménez

El reelecto asambleísta por Pachakutik fue sentenciado a 18 meses de prisión y a pagar una indemnización de alrededor de $ 120.000 al presidente Rafael Correa luego de que una denuncia suya contra el gobernante fuera declarada maliciosa y temeraria. Jiménez señalaba que el presidente salió del Hospital de la Policía a una Universidad y pedía que se investigue si hubo secuestro y quién ordenó el “rescate”.

Acusación a militares

Tras dos años y medio de la sublevación policial, la Fiscalía formuló cargos el 26 de marzo pasado en contra de 87 efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía por el presunto delito de sabotaje y terrorismo, por la toma de la Base Aérea Mariscal Sucre. Se determinó el inicio de la instrucción fiscal y como medida cautelar dispuso la prohibición de salida del país.

Crnl. César Carrión

Fue dado de baja el 26 de abril pasado, luego de nueve meses y 25 días de haber solicitado su separación voluntaria de la institución. Se desempeñaba como director del Hospital de la Policía Nacional durante la sublevación policial. Estuvo acusado de intento de magnicidio, pasó detenido cerca de siete meses hasta que fue declarado inocente por tres instancias judiciales.

Crnl. Rolando Tapia

El exjefe de la Escolta Legislativa fue condenado a tres años de prisión por la toma de la Asamblea. A los dos años se benefició de la libertad controlada. De lunes a viernes debe presentarse en la cárcel para pasar allí la noche. Desde el pasado 6 de abril ya no rige el estado de excepción en la Asamblea, pero los militares siguen a cargo de la seguridad del recinto.

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