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Parlamentarios dieron aportes a reformas a Ley de Sistema de Contratación Pública

marzo 24
22:39 2015
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Quito.- Parlamentarios de diversas agrupaciones políticas dieron sus aportes al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública y al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Señalaron que existen muchos problemas vinculados con la especulación del suelo, por lo que es necesario buscar mecanismos para concretar la inversión pública desde los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central, precautelando los derechos de los ciudadanos.

La presidenta, Gabriela Rivadeneira, luego de escuchar los planteamientos de los legisladores, cerró el debate. Pidió a los parlamentarios enviar sus observaciones a efectos de que la Comisión de Gobiernos Autónomos prepare el informe para segundo debate.

El asambleísta Fausto Terán señaló que no se puede establecer la contratación de obra con diseño homologado ya que en el país existen cuatro regiones marcadas con distinta estructura geográfica y climática, por tal razón pidió que en el artículo 56 de la Ley de Contratación Pública se establezca contratar obras de infraestructura cuyos diseños correspondan a una tipología homologada regionalmente.

En cambio, el parlamentario Henry Cucalón precisó que el proyecto tiene como objetivo que el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, no se vea perjudicado cuando ejerza su capacidad estatal en materia de expropiaciones y así mismo el ciudadano pague el precio justo, pero hay que tomar en cuenta, cuando se haga el avalúo, las obras hechas por el propietario.

Octavio Villacreses sugirió que se consideren las minusvalías. No toda obra pública produce plusvalía a un bien, como por ejemplo los pasos elevados a discreción que más bien generan pérdida de plusvalía, seguridad y diseño arquitectónico. En estos casos los dueños de las propiedades no tienen plusvalía, por lo que el Estado debe resarcir cuando se deprecia una propiedad, sostuvo.

Por su parte, el legislador Luis Fernando Torres afirmó que el proyecto es fiscalista y sacude los bolsillos de los ciudadanos. Mientras que Verónica Guevara precisó que a través de las reformas se pretende optimizar tiempo, evitar trámites interminables y el equilibrio en el pago del justo precio tras sostener que el proyecto se ajusta a la Constitución.

La asambleísta Paola Pabón aclaró que con las reformas no se crean nuevos impuestos. Lo que se busca es combatir los problemas de la especulación con las tierras, que frena la obra pública por parte del Estado y que los recursos sean debidamente utilizados. Sugirió definir quién determinará el tema de la homologación.

Bayron Pacheco manifestó que hay que frenar la especulación para que el ciudadano, de toda condición, pueda adquirir una casa o un terreno. Oswaldo Larriva pidió cambiar la definición de diseño homologado e invocó a la Comisión de Gobiernos Autónomos a profundizar la discusión con asambleístas y la ciudadanía urbana y rural. Patricio Donoso pidió clarificar el texto del artículo 4, que facilita interpretación para una doble tributación y mejorar la redacción sobre el concepto y alcances de la expropiación.

Mientras que la legisladora Liliana Guzmán dijo que es necesario que la Comisión de Gobiernos Autónomos abra espacios para escuchar observaciones de asambleístas y la población, a la vez que enfatizó que la propuesta regula la especulación. Franco Romero sugirió que se prohíba la homologación en construcción de obras entre diferentes regiones del país.

Blanca Argüello subrayó que el proyecto se orienta a solucionar la especulación y homologar disposiciones del Cootad y de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. En cambio, el legislador René Yandún expresó que la homologación debe considerar las condiciones diferentes de cada una de las zonas del país al señalar que el 70% de ciudades no tienen información de catastros, por ello es necesario trabajar en el plan de ordenamiento territorial.

El parlamentario Gilberto Guamangate indicó que desde el 2008 es evidente la inversión del Estado en la obra pública a nivel nacional y urge recuperar parte de la plusvalía y que en todo momento se debe determinar el precio justo. Nelson Serrano manifestó que no existe una definición de control político en cuanto al seguimiento que se da a los gobiernos autónomos descentralizados. Objetó las diferencias injustificables en la declaratoria de utilidad pública que existen en el Cootad y en Ley del Sistema Nacional de Contratación. Ricardo Moncayo señaló que con las reformas se elimina el papel de un profesional arquitecto.

Marllely Vásconez destacó que el Estado tendrá un ahorro cuando se trata de estudios y diseños homologados y que es necesario acortar las brechas de desigualdad entre ricos y pobres. Stalin Subía sostuvo que la normativa no es aplicable en muchos casos en lo que tiene que ver con la plusvalía, por ejemplo en viviendas que están cerca de lagunas de oxidación y que han perdido su valor, por tanto, se debe establecer compensaciones por parte del Estado.

Antonio Posso puntualizó que las reformas tienen un propósito fundamental que el Estado capture la plusvalía generada por su accionar. Todos estamos de acuerdo que no se puede tolerar la especulación del suelo a propósito de la obra pública sea nacional o seccional al tiempo de indicar que no está de acuerdo que los beneficios de la plusvalía pase a manos del gobierno central, sino a gobiernos municipales y provinciales.

Rosa Elvira Muñoz planteó que el fraccionamiento del suelo para áreas verdes sea en caso de lotización y urbanización. Betty Jerez manifestó que existe afectación en los sectores rurales por el fraccionamiento del suelo, especialmente en páramos y zonas altas. Propuso el plazo de un año para que se cancele al dueño del predio el valor como consecuencia de una expropiación.

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