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Nuevas reglas para el sector laboral

julio 04
15:23 2012
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Quito.- (Diario HOY).- En el enlace sabatino 274 del 2 de junio, el presidente Rafael Correa anunció el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que viabilice el pago de sus indeminizaciones a los extrabajadores de los casinos que perdieron su empleo con el cierre de las casas de juego.

Un mes después, la oferta se cumplió con la llegada del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, enviado con el carácter de económico urgente.

Esta propuesta que contiene seis artículos y una disposición transitoria será analizada desde hoy por la Comisión de los Económico, según informó su presidente Paco Velasco.

Dentro de la exposición de motivos del texto, Correa se refiere al cierre de lo casinos aprobado en la consulta popular del 7 de mayo y al perjuicio acaecido sobre sus extrabajadores, indicando que como “acción excepcional” el Estado intervendrá en el pago de sus haberes pendientes.

Según lo dispuesto en la transitoria, el Ministerio de Relaciones laborales luego de un informe sumario hará los pagos e iniciará los juicios coactivos correspondientes.

La regulación para el cobro se establece en el artículo número dos, que señala que las instituciones estatales que tengan jurisdicción coactiva podrán iniciar las acciones, no solo contra el obligado principal (exempleador), sino contra todos los obligados (empresas y personas vinculadas), inclusive herederos mayores de edad que hayan recibido bienes sin beneficio de inventario. En el caso de los últimos, estos deberían responder no solo con lo heredado, sino hasta con su propio patrimonio, de ser necesario.

Además, permite la disposición de medidas precautelares para los antes mencionados, las mismas que podrían aplicarse a “bienes que estando a nombre de terceros son de público conocimiento de propiedad de los referidos sujetos”.

Ligado a esto, en el tercer artículo se determina el añadir un segundo inciso al artículo 178 del Código Tributario, que específica que de tratarse de un embargo de bienes, la tercera excluyente no se detiene la ejecución, a menos que exista una orden del Tribunal Distrital de lo Fiscal.

Para el asambleísta de Conciencia Ciudadana, Rafael Dávila, la normativa, tal y como se plantea, podría derivar en un mecanismo de persecución y además ahondaría en la imagen de un país “hostil para la inversión”.

Dávila destacó que si bien la idea es el pago a los extrabajadores perjudicados, “el fin no justifica los medios”, pues se convierte al Estado en un “pagador” de las deudas privadas.

“El Estado mañana puede asumir cualquier deuda privada y luego decir que persigue al deudor para cobrar lo que el Estado ha dado pagando”, dijo Dávila al recordar que se utilizarían fondos públicos para cubrir dichos pagos. Además, señaló que la terminología que utiliza la redacción del texto “es muy peligrosa”, porque atañería a otras empresas y a personas vinculadas al deudor, que serían “ajenas al problema”.

Con ello discrepa Velasco al asegurar que han existido una serie de casos de que las empresas están ligadas a otras “de papel” para cubrirse y además y que en el caso de las personas vinculadas, por ejemplo accionistas minoritarios, al adquirir una acción se adquieren tanto beneficios, como responsabilidades.

A propósito de los demás artículos, el primero establece que el Seguro Social hará efectiva la responsabilidad de los empleadores que incurran en mora en el pago de obligaciones que impida la atención a los afiliados en cualquier prestación.

El cuarto artículo ordena añadir un inciso al artículo 104 del Código de Trabajo para que se reporte a las autoridades de trabajo los ingresos de las empresas, a fin de determinar las utilidades para los trabajadores.

En el quinto, se sustituye el artículo 155 del Código de Trabajo definiendo que la jornada laboral de la madre lactante durará seis horas, durante los nueve meses posteriores al parto.

En el artículo final se deroga del Código de Trabajo el artículo 269. El mismo hace referencia a que los empleados domésticos tienen derecho a un día de descanso cada dos semanas de labores. Según la justificación del Ejecutivo, esta reforma busca eliminar una desigualdad injustificada contra estos trabajadores.

La Comisión tiene 30 días para el tratamiento de este proyecto de ley. (ABT)

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