‘Nefasta’ demanda contra La Hora

Quito.- (Diario LA HORA).- El jurista y catedrático universitario Santiago Guarderas calificó como un nefasto precedente la pretensión del Gobierno de impedir que diario La Hora publique en sus páginas el contenido de la acción de protección que planteó el subsecretario de la Administración Pública, Alejandro Pico Solórzano, para que este medio amplíe una réplica de una nota periodística que no fue del agrado del Gobierno.

En la edición del 10 de octubre, La Hora publicó el texto titulado ‘2012: 71 millones en publicidad oficial’, que se sustentó en el informe de monitoreo de la Corporación Participación Ciudadana, que anualmente realiza este trabajo. La información de Participación Ciudadana fue refutada por el Régimen y Pico envió una carta a este medio, que publicó la réplica en la edición del 13 de octubre.

No obstante, el Gobierno planteó una acción de protección para que la citada réplica se publique en un espacio más grande y también en portada.

Detalles

Dentro de las medidas cautelares solicitadas al juez 21 de lo Civil de Pichincha, Marco Albán Núñez, se alega que “no se puede permitir que esta acción de protección se convierta en una batalla mediática más” y que, por ello, este medio no debe pronunciarse en sus páginas sobre este proceso, “ya que es parte interesada en él, por lo que no podría producir y difundir información contextualizada y plural, conforme establece el artículo 18, numeral 1 de la Constitución”.

Guarderas señaló que “la demanda deja ver vicios insanables, que provocan que el proceso sea nulo”. Agregó que las medidas cautelares solicitadas están en contradicción con el principio de publicidad que se garantiza en la Constitución y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales.
Explicó que los procesos que se tramitan con relación a la justicia constitucional son públicos y, únicamente cuando se trata de la seguridad del Estado o para preservar la intimidad de las personas, el juez puede adoptar medidas especiales.

“Además, viola los tratados internacionales de derechos humanos sobre la libertad de información”, concluyó Guarderas.

‘Atentado’

° La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró como “un grave atentado contra la libertad de prensa” la orden judicial que le prohíbe al diario La Hora informar sobre el proceso judicial.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, aseveró que la medida judicial es “un grave atentado contra la libertad de prensa”, por cuanto se “coarta el derecho de los ciudadanos a conocer a través de este medio sobre asuntos de interés público y se restringe la divulgación libre de la información”.

Opiniones
en 60 segundos

‘Acción intimidatoria’
Diego Cornejo
Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep)

° Es una acción intimidatoria, que se genera desde el Estado contra un medio. Creemos que puede conducir a una situación peligrosa, que cualquier persona que se sienta inconforme con una reparación o réplica, concurra a un juez. Se está violentando la libertad de los medios para determinar los espacios. Y hay otra amenaza en que se prohíba informar sobre el proceso hasta que haya la sentencia, que según el documento es para evitar otra guerra mediática. El Gobierno ahora quiere emprender procesos judiciales secretos.

‘Censura previa’
Kela León
Presidenta del Consejo de Prensa Peruano

° Esto es censura previa. En Perú se usó la censura previa en situaciones en que se quería callar a la prensa y sucedió previo a la conformación del Consejo de Prensa Peruana, en un caso de narcotráfico.

Estoy en contra porque este tipo de restricción es perniciosa. Es mejor que las personas sepan, porque tampoco se puede subestimar al lector creyendo que no puede formar sus propios juicios sobre temas importantes.

‘Judicializar la comunicación’

Susana Piedra
Presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha

° Al haber publicado La Hora una información que le interesa al público, creo que estaba cumpliendo con su responsabilidad social. Cuando se pidió la rectificación se sacó y era más que suficiente.

Pero se tienen otras pretensiones: la judicialización de la comunicación. Se está quitando el derecho de los ecuatorianos de estar informados de la gestión pública.

‘Uso de la justicia’

César Ricaurte.- Presidente de Fundamedios

° Esto manifiesta la voluntad del poder político para utilizar la justicia, los juzgados, para controlar a los medios. No es el primer caso, ya ocurrió cuando se estaba tratando el caso de los hijos del asambleísta Abdalá Bucaram. La metida de mano en la justicia está sirviendo para censurar previamente a los medios. La sociedad no reacciona porque hay mucho temor, porque piensan que ‘no es conmigo’, pero están siendo afectados porque terminarán no informándose. Esto es parte de la ‘poda permanente’ de Alexis Mera y el Gobierno y la eliminación del ‘enemigo’, que es la prensa.

29 días han pasado desde la publicación de la nota.