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La reclamación del Archivo de Salamanca a Cataluña llega al Senado

La reclamación del Archivo de Salamanca a Cataluña llega al Senado
marzo 30
11:31 2016
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Madrid.- (EFE).- La senadora de Foro Asturias, Rosa María Domínguez, ha registrado hoy una moción en la que insta al Gobierno a exigir a la Generalitat de Cataluña que cumpla la ley y devuelva los documentos “indebidamente en su poder” al Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca.

Domínguez ha presentado la iniciativa acompañada del presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, quien ha destacado que es la primera vez que la devolución de estos documentos “se eleva de lo local, provincial, regional a lo nacional que es donde le corresponde, porque es un archivo que conserva la memoria de todos”.

Con esta moción, dirigida a la Comisión de Cultura del Senado, se pide concretamente al Gobierno que reclame a la Generalitat toda la documentación que ha recibido indebidamente desde el año 2006.

También requiere la devolución de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios para que formen parte integrante del archivo de titularidad estatal.

“Estos papeles son patrimonio de todos los españoles”, ha dicho la senadora de Foro Asturias, en cuyo parlamento regional se aprobó recientemente una moción en el mismo sentido, ya que en Cataluña se encuentran fondos documentales asturianos, además de valencianos, murcianos, madrileños o aragoneses, según ha explicado.

Domínguez ha insistido en que es “imprescindible cumplir la ley” y “está claro” que por parte del Gobierno catalán “no se ha cumplido” la sentencia del Tribunal Constitucional del 31 de enero de 2013 que obliga a la devolución al Archivo de Salamanca de los documentos que no hayan podido ser restituidos a su propietarios originarios.

“La negativa de la Generalitat a cumplir las leyes y sentencias judiciales ha causado dolor y daño a familias de toda España”, ha lamentado el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca.

Sánchez ha precisado que no demandan los fondos enviados a Cataluña de particulares catalanes, sino alrededor de 400.000 documentos que no les pertenece.

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