Tres organizaciones internacionales publican una investigación, del experto Luis Pasara, en la cual denuncian la situación de la justicia ecuatoriana, la persecución a los jueces por fallos que no gustan la Presidente Correa o a altos funcionarios y el uso de la justicia para criminalizar a opositores políticos y a críticos del gobierno.
A pesar de las reformas implementadas en Ecuador durante los últimos años para fortalecer el sistema de justicia, en la práctica existe una línea de acción del poder ejecutivo dirigido a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia política, lo que debilita severamente la división de poderes propia de todo régimen democrático.
Esta es una de las conclusiones del informe La independencia Judicial en la Reforma a la Justicia Ecuatoriana, que acaba de ser publicado por tres organizaciones de la sociedad civil, especializadas en el tema de la justicia, las cuales tienen sede en Washington, Bogotá y Lima.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en ingles), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, son organizaciones cuyo mandato es promover los derechos humanos y el Estado de derecho en América Latina. El autor del informe es Luis Pásara, experto en temas de justicia y senior fellow en DPLF.
Los editores señalan que con base en el análisis detenido de casos de alta relevancia social, resoluciones del Consejo de la Judicatura del Ecuador en procesos disciplinarios contra jueces, y declaraciones oficiales, el informe da cuenta “del uso inadecuado que se hace del sistema penal para criminalizar a aquellos que discrepan o se oponen a las posiciones gubernamentales”.
En septiembre de 2013 se realizó el trabajo de campo en Ecuador, mediante entrevistas y la recolección de material publicado y no publicado. El informe usa tres fuentes principales: sentencias judiciales recaídas en un conjunto de casos de alto relieve social, resoluciones del Consejo de la Judicatura en procesos disciplinarios instaurados a jueces, y declaraciones ofciales. El material analizado cubre principalmente el periodo julio de 2011–diciembre de 2013.
El informe también señala que el sistema disciplinario judicial, a cargo del Consejo de la Judicatura, se ha transformado en una herramienta para sancionar a jueces que no adecuan sus decisiones al poder ejecutivo, y en un mecanismo para amedrentar a los jueces en general.
– La identificación del disidente como una amenaza y un peligro para el Estado y el orden se sitúa como idea central de ese discurso que se encamina a inhibir a potenciales adversarios del gobierno.
-“Las afirmaciones descalificadoras del presidente Rafael Correa contra los jueces y sus decisiones son una forma de presión indebida para obtener fallos favorables al poder Ejecutivo»: César Rodríguez, director de Dejusticia.
