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La consulta prelegislativa se estrenará en tiempo electoral

julio 01
15:47 2012
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QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- La Asamblea Nacional está a pocos días de realizar la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas en las comunidades indígenas, montubias y afroecuatorianas. Sin embargo, la cercanía del periodo electoral podría influir en este proceso.

La consulta sobre esta ley se realizará por primera vez en el país luego de la sentencia de la Corte Constitucional que estableció la obligatoriedad de preguntar a los pueblos antes de aprobar normas que podrían afectar derechos colectivos.

El pasado 13 de junio, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó el instructivo para este proceso y determinó que la Comisión de Soberanía Alimentaria defina en quince días hábiles (el plazo se cumple este miércoles) los temas sustantivos y remitirlo al presidente de la Asamblea, quien a su vez los pondrá a consideración del pleno para su aprobación definitiva.

Las dudas que existen entre legisladores es que el régimen y las organizaciones sociales que lo respaldan, así como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), se aprovechen políticamente de ese proceso con miras a los comicios de febrero del 2013.

Entre los nudos de esta ley está la tesis del Ejecutivo sobre la autoridad gubernamental única para el manejo del agua frente a la de la Conaie, que plantea que la autoridad la ejerza un consejo plurinacional.

Para el asambleísta Pedro de la Cruz (PSE-AP) es preocupante que la consulta se realice a inicios de una campaña electoral, especialmente por los cálculos de los actores políticos.

A su coidearia, Silvia Salgado, le preocupa que la manipulación electoral de la consulta arroje resultados que no contribuyan a resguardar los derechos colectivos de las comunidades y que no se eliminen los disensos que fueron notorios al inicio del debate de la ley.

De la Cruz añade que de parte de la Conaie ya existen intentos de desprestigiar este proceso al señalar que no es vinculante. Asegura que de parte del Gobierno no hay intervención porque solo se están aplicando las disposiciones adoptadas en la Asamblea Constituyente de Montecristi.

La coordinadora del bloque de AP, Gina Godoy, cree que será difícil llevar adelante este proceso alejado de la esfera política. Para ella, las propias organizaciones consultadas deben procurar que exista un interés electoral.

Godoy piensa que si algunos grupos, por oponerse al régimen, se dedican a polemizar, será el país el que pierda la oportunidad de debatir temas importantes dentro del proyecto de Ley de Aguas.

Para Lourdes Tibán (PK), en cambio, el debate debe estar enfocado en que la consulta tiene el objetivo de mejorar este proyecto. En ese sentido advierte que debe existir el compromiso del Ejecutivo de no vetarlo.

Sobre la politización de la consulta, Tibán precisó que el movimiento indígena estará atento sobre cómo actuará el oficialismo, especialmente si respetan los mecanismos de toma de decisiones del sector.

Andrés Páez (ID) cree que está claro que el Gobierno utilizará la consulta para beneficiarse. A su juicio, es imposible creer que AP quiera realizar este proceso en una época preelectoral sin ningún tipo de interés y con un instructivo cuya legalidad, dice, está en duda.

“El régimen va a negociar la aprobación de la Ley de Aguas con la entrega de tierras ajenas y así fraccionar a la Conaie y Pachakutik. Es una jugada electoral”, dijo Páez.

Pasos: Consulta para Ley
1.- La Comisión de Soberanía definirá los temas. El CAL lo aprobará.

2.- El presidente de la Asamblea hará convocatoria a través de medios de comunicación y comunitarios.

3.- La Asamblea instalará una oficina central de coordinación y de información en las delegaciones del Consejo Nacional Electoral.

4.- Inscripción de las organizaciones que participarán en la consulta.

5.- Inicio del proceso en las comunidades en un plazo de veinte días.

6.- Entrega de resultados en las delegaciones provinciales.

7.- Comisión legislativa compilará los resultados.

8.- Audiencias provinciales para socializar resultados.

9.- Convocatoria a la mesa de diálogo nacional para discutir consensos y disensos.

10.- Elaboración del informe final de parte de la Comisión Legislativa incorporando los consensos al proyecto de ley.

11.- Presidente de la Asamblea Nacional declara el cierre del proceso.

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