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La Asamblea pasó al debate sobre el procedimiento penal

julio 12
14:51 2012
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QUITO.- (Diario EL UNIVERSO).- Medidas cautelares, sustitución de la prisión preventiva y la fianza fueron los temas con más observaciones en el debate del segundo libro, relacionado con el Procedimiento Penal, del proyecto del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Pese a que el número de intervenciones fue menor a las producidas en el análisis del libro de la Infracción Penal, hubo varios legisladores que advirtieron con la inconveniencia de mantener varias de las disposiciones establecidas en el informe de la Comisión de Justicia.

Según este texto, la finalidad de las medidas cautelares, entre otras, será el proteger los derechos de las víctimas y garantizar la presencia de la persona procesada en el caso.

Entre las modalidades de esta figura están la prohibición a la persona inculpada a concurrir a determinados lugares, acercarse a la víctima y los testigos, salir del país, la obligación a presentarse ante la autoridad judicial, arresto domiciliario y la prisión preventiva.
Esta última no podrá exceder de un año, por delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 11 años, y 6 meses en infracciones con penas de menos o hasta 11 años.

Quedará sin efecto si se exceden los plazos dispuestos por las normas. En cambio, se mantendrá vigente si la persona procesada por cualquier medio intenta retardar el proceso.

El informe también establece la caución, que consiste en el pago de fianza para suspender la prisión preventiva.

La asambleísta Cynthia Viteri (MG) cuestionó que al eliminar la prisión y la reclusión, en 6 meses caducará la detención preventiva para delitos, cuya pena va hasta los 11 años, entre los que están tráfico de armas, tortura, abuso sexual de niños y violencia intrafamiliar.

Rechazó, además, la aplicación de medidas cautelares para reemplazar la prisión en infracciones que no excedan los cinco años como el robo, la producción y el tráfico de estupefacientes, enriquecimiento, peculado y cohecho.

Viteri añadió que con el pago de una fianza los acusados de asesinato, homicidio o plagio podrán salir en libertad.

A juicio del asambleísta César Gracia (PRE), una de las deficiencias del proyecto es que dentro de los que no podrían acceder a la caución para salir en libertad no están incluidos los funcionarios acusados por peculado y delitos de administración pública.

Aclaró que la sustitución de la prisión preventiva no puede ser aplicada a sujetos acusados de asesinato o delitos afines.

La legisladora Rosana Alvarado (AP) destacó del Código la implementación de principio de oportunidad que establece que el fiscal podrá abstenerse de ejercer acción penal o desistir de ella cuando la infracción sea mínima o que no comprometa gravemente el interés público, se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de hasta cinco años y se haya reparado de manera integral a la víctima.

No obstante, aclaró que existen excepciones en delitos de mayor conmoción social.

Su coidearia Marisol Peñafiel (AP) señaló que la propuesta busca inmediatez en el procesamiento de demandas y precisó que la sustitución de las medidas cautelares tiene que responder a actos debidamente motivados que justifiquen esa resolución.

Opiniones: Entre legisladores
Cynthia Viteri
MADERA DE GUERRERO
“Este Código tiene una serie de normas que favorece al delincuente y que tiene que ser corregida”.

Rosana Alvarado
ALIANZA PAIS
“En este proyecto, por primera vez, son las víctimas las que merecen especial tratamiento y atención”.

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