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Hay que aplicar la oralidad como principio rector de administración de justicia

Hay que aplicar la oralidad como principio rector de administración de justicia
agosto 21
17:27 2014
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Quito.- El asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, al finalizar el debate de los Libros I y II del Código de Procesos, recordó que ha transcurrido más de cien años de vigencia de un Código de Procedimiento Civil que ha sido reformado parcialmente algunas veces, al menos cada vez que se detectaban fallas en la gestión.

Ahora es una obligación constitucional para rejuvenecer la justicia, aplicar la oralidad como principio rector y la audiencia como la diligencia donde todo ocurre, manifestó, al señalar que se unifican los procedimientos a través de los que se sustancian las causas en materia civil, laboral, inquilinato, niñez y adolescencia, contencioso administrativo y contencioso tributario, inclusive los procesos que ahora se conocen como de jurisdicción voluntaria.

Se evita la redundancia normativa al no reproducir principios, reglas de competencia ni otras que se encuentran en el Código de la Función judicial desde 2009, recalcó. Dijo que en el caso de imposibilidad de determinar la residencia de la persona demandada se la puede citar a través de mensajes transmitidos en una radiodifusora; se prevé un mayor control sobre los tiempos y las dilaciones indebidas, por ejemplo la obligatoriedad de que las diligencias empiecen puntualmente, que las partes de mutuo acuerdo puedan reducir, suspender o ampliar los términos, explicó.

Añadió que el código regula lo relativo a las audiencias para que se cumpla el principio de inmediación, contradicción, celeridad, buena fe y lealtad procesal; la o el juzgador que conoce la petición de medida cautelar es competente para conocer la demanda principal; se sanciona la petición maliciosa o innecesaria de medidas cautelares.

Finalmente, Mauro Andino invito a los parlamentarios a debatir este proyecto, en busca de la máxima eficacia de los procedimientos con respeto siempre a las garantías del debido proceso.

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