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El vicepresidente argentino declara este lunes en caso por presunta corrupción

El vicepresidente argentino declara este lunes en caso por presunta corrupción
junio 08
13:14 2014
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sr.viceargentinoBuenos Aires.- (EFE).- El vicepresidente argentino, Amado Boudou, será por primera vez indagado este lunes en una causa que le investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública para la compra de una imprenta de papel moneda.

Boudou deberá comparecer mañana ante el juez del caso, Ariel Lijo, cuyo trabajo en esta causa fue calificado como un “mamarracho” por el vicepresidente.

Su declaración se desarrollará sin acceso para la prensa y tampoco será televisada, una alternativa que había pedido Boudou pero que el juez le denegó.

Lijo accedió en cambio a adelantar la toma de declaración, pues inicialmente el magistrado había citado al vicepresidente para el 15 de julio, justo cuando Boudou estará a cargo de la Presidencia argentina porque Cristina Fernández estará en un viaje oficial.

De acuerdo al auto de citación firmado por Lijo, el vicepresidente está acusado de haber comprado, junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica en septiembre de 2010, cuando Boudou estaba al frente del Ministerio de Economía argentino.

La compra se habría realizado a través de la firma The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele, “con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial”, según la resolución judicial.

Vandenbroele es señalado como presunto “testaferro” de Boudou, vínculo negado por el vicepresidente, quien estuvo al frente del Ministerio de Economía entre julio de 2009 y diciembre de 2011.

En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone -denominada actualmente Compañía de Valores Sudamericana- a petición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por deudas impositivas.

La Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con la AFIP, y luego la imprenta quedó en manos de The Old Fund.

Según el auto de citación, Boudou, “aprovechando su condición de funcionario público”, y Núñez Carmona, habrían acordado con los entonces dueños de Ciccone la cesión del 70 % de la empresa “a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”.

Boudou, según el escrito, “habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición”, y, junto a Resnick Brenner, jefe de asesores del Fisco, “en el trámite de un plan de pagos ilegal en la AFIP”.

“Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda”, afirma el auto.

La defensa del vicepresidente cuestionó el pasado miércoles en un escrito el accionar de Lijo y dijo que la declaración de Boudou debe hacerse “en base a una descripción concreta, precisa y jurídicamente válida de lo hechos que se le imputan”.

“En esta causa ya no hay nada lógico. Pero eso no tiene que ver con que yo quiera ir a declarar para demostrar mi inocencia”, dijo el propio Boudou, quien afirmó que “es un mamarracho lo del juez”.

Boudou, de 51 años, dejó la cartera de Economía tras las elecciones de 2011 para ocupar la Vicepresidencia, pero las denuncias por su presunta implicación en escándalos de corrupción eclipsaron su carrera y motivaron que Fernández lo colocara en un discreto segundo plano.

“El adelantamiento de la fecha de su declaración permitirá a todo el pueblo tener exacta información sobre este tema”, afirmó el pasado viernes el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Se trata de la primera vez que un vicepresidente del Gobierno en ejercicio es llamado a declarar como imputado ante los tribunales en Argentina desde el retorno a la democracia, en 1983, lo que supone un duro golpe para el Ejecutivo argentino.

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